Imagen: Jose Ruben Zamora (fotografía por Georgia Popplewell, bajo licencia CC BY-NC-SA 2.0)
Los gobiernos autoritarios de Centroamérica están reprimiendo la prensa libre en sus países.
La ola de represión empezó en 2018 con el gobierno de Nicaragua, que respondió con violencia policial contra los manifestantes que protestaban contra la reducción de beneficios de programas sociales. El periodista Ángel Gahona del programa de televisión El Meridiano murió a tiros durante una transmisión en vivo; su familia y periodistas que lo acompañaban creen que fue asesinado por la policía nacional para reprimir su reportaje.
La represión orquestada por el estado del Presidente Daniel Ortega ha sido creativa. En 2019, el gobierno nicaragüense negó la importación de papel, tinta y otros suministros necesarios para la producción de periódicos. Sin ediciones impresas para vender, los periódicos independientes La Prensa y El Nuevo Diario no pudieron seguir y anunciaron su cierre en el mismo año. Entre 2018 y 2024, 49 medios de comunicación cerraron; Radio Darío, Confidencial, Canal 100% Noticias, La Prensa, y Radio Vos de Matagalpa fueron allanados, clausurados y confiscados por la policía nacional. El gobierno convirtió la infraestructura confiscada en medios estatales para difundir su propaganda. Los medios católicos también fueron afectados, con 19 cerrando en 2022, a causa de las críticas al régimen por la Iglesia Católica. El Canal Católico de Nicaragua, Canal 51 y CNN en Español fueron sacados de la televisión por cable. El gobierno también ha implementado una política de exilio forzada, despojando la ciudadanía de 411 nicaragüenses quienes son periodistas, miembros de la sociedad civil, artistas y poetas y políticos de la oposición.
El gobierno nicaragüense está impulsando “un modelo que posiblemente supere incluso la dictadura de la familia Somoza,” según Néstor Arce, director de Divergentes, un sitio web de noticias de Nicaragua. Nicaragua anuló su pasaporte durante una visita a España. La familia Somoza tomó el poder en 1937 y mantuvo el poder con una mano dura hasta su derrocamiento por el Frente Sandinista de Liberación Nacional en 1979. Daniel Ortega era un dirigente sandinista. Retomó el poder en la elección de 2006.
Otra táctica usada fue el uso de acusaciones de lavado de dinero por los medios privados. Pedro Joaquín Chamorro y el publicador de La Prensa, Juan Lorenzo Holmann, fueron condenados por nueve años; luego fueron exiliados.
Las acusaciones de lavado de dinero han sido una táctica frecuentemente adoptada por los otros presidentes autoritarios en América Central.
El Ministerio Público de Guatemala acusó al periodista José Rubén Zamora Marroquín por lavado de dinero después de que publicó en El Periódico que la corrupción de oficiales gubernamentales llegó al último nivel con el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei. Zamora presentó evidencia de que el presidente recibió pagos por un contrato con una empresa rusa para explotar una mina. El periodista cumplió los 69 años el pasado 19 de agosto en la cárcel, en espera de un juicio que ha sido demorado por los mecanismos legales del Ministerio Público. El Periódico cerró y todos los periodistas y la familia de Zamora se han exiliado a causa de las acusaciones y amenazas. Sin embargo, Zamora sigue esperando su juicio en confinamiento solitario. En el 2024, ya llevaba tres meses en arresto domiciliario, pero fue encarcelado de nuevo por el Ministerio Público.
“Creo que estos dos años en prisión me permitieron aportar más a la gente de Guatemala y del extranjero. Pude ayudarles a ver Guatemala tal como es, mucho más que durante los 30 años que estuve en la prensa, donde siempre repetía que somos una narcodictadura que cogobierna como una alianza de intereses para mantenernos secuestrados,” dijo Zamora al periódico español, El País, durante su arresto domiciliario.
Los periodistas comunitarios de Guatemala, muchos de ellos indígenas, están bajo represión del ministerio público y grupos armados. Ismael Alonzo González fue asesinado a tiros el 21 de marzo de 2025 en la ciudad de Quetzaltenango. “Las autoridades guatemaltecas deben investigar si Ismael Alonzo González fue asesinado en relación con su periodismo”, dijo Cristina Zahar, del Comité para la Protección de los Periodistas. El acoso digital y la difusión de desinformación coordinados por centros de trolls también están intentando deslegitimar a los periodistas comunitarios como Quimy de León y Nelton Rivera.
El gobierno salvadoreño del Presidente Nayib Bukele también ha acusado al periódico digital, El Faro, por lavado de dinero. Los empleados de El Faro tuvieron que trasladar su empresa de El Salvador en abril de 2023 a oficinas en San José, Costa Rica. El Faro sigue reportando sobre asuntos salvadoreños y publicó varios artículos de investigaciones sobre las relaciones colaborativas entre el gabinete de Bukele y los mareros (pandilleros) salvadoreños. Treinta periodistas salvadoreños encontraron el software spyware Pegasus en sus dispositivos en 2022, 22 de ellos trabajando para El Faro.
“Un país sin democracia, separación de poderes y debido proceso legal no es una opción atractiva. Sin embargo, el camino que estamos recorriendo como país no augura una mayor apertura al periodismo”, dijo Sergio Arauz, un subeditor de El Faro en una entrevista con the LatAm Journalist Review.
La periodista Mariana Belloso tuvo que salir del país, después de la denuncia de ella como periodista de economía por el Presidente Bukele y el acoso digital contra ella y sus familiares, que incluyen amenazas de violación y desinformación diseñada, desprestigiarla y desprestigiar su trabajo.
La violencia y represión de periodistas mujeres es incluso más alta y extrema, según un informe del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión llamado la Mochila Invisible, que estudia la situación de 13 periodistas exiliadas. “Algunas periodistas que investigan corrupción o abusos del poder enfrentan además la persecución política y la exclusión social, lo que las obliga al exilio en condiciones complejas,” dijo el informe.
“Yo tengo dos hijas y los ataques en mi contra se extendieron a ellas. Me decían que a las tres nos iban a desaparecer, que nos iban a violar, nos iban a matar e íbamos a aparecer metidas en una bolsa”, dijo Claudia en el informe, nombre usado para proteger su identidad en el informe.
La táctica de usar investigaciones financieras contra periodistas ha llegado hasta Honduras. Después del fallo de dos procesos judiciales en contra del periodista Dagoberto Rodríguez, el ministro de Finanzas, interpuso una investigación financiera en su contra.
“La judicialización del trabajo de los periodistas es una señal de retroceso para la libertad de expresión y el derecho del pueblo hondureño a estar informado”, según el Colegio de Periodistas de Honduras.