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La conclusión del libro “Los orígenes del modelo sindical argentino”.

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Por: Leonardo Elgorriaga

Libro publicado por: La Sociedad de Resistencia de Oficios Varios Capital, Federación Obrera Regional Argentina (F.O.R.A. – A.I.T.)

Conclusión:

El resumen histórico realizado hasta aquí permite apreciar que el actual modelo sindical es la resultante del proceso de acercamiento del Estado el movimiento sindical, influyendo en su constitución y desenvolvimiento histórico. El cambio operado por los Estados principalmente a partir del período de entre guerras y la adopción de modelos de pacto social o acuerdo de clases, ha llevado a los mismos a buscar el apoyo del movimiento obrero de sus respectivos países abandonando la actitud exclusivamente confrontativa que habían tenido hasta ese momento.

La adopción de un modelo de pacto social en el cual el Estado asume el carácter de árbitro o mediador en el conflicto entre capital y trabajo, exige no sólo precisar los términos de ese pacto, sino antes bien determinar los sujetos que obrarán como partes en el mismo. En este sentido, resulta determinante para la suerte de este modelo que los sujetos que deberían participar estén dispuestos a hacerlo, y sobre todo, tengan la aptitud de obligar al sector social que supuestamente representan.

En el caso de nuestro país como en muchos otros, la primera actitud de las organizaciones obreras fue el rechazo terminante a la política de acuerdo social o a cualquier forma de acercamiento al Estado, tomando como fundamento para tal rechazo el principio de acción directa hasta ese momento adoptado por gran parte del movimiento obrero. Por otro lado, un sector importante de la burguesía también rechazaba cualquier forma de concesión a los trabajadores, propiciando las políticas de Estado mínimo y de represión al movimiento obrero. Sin embargo, un largo proceso de castigos y de recompensas permitió al Estado, con el apoyo de los sectores más dinámicos de la burguesía, ir formando una dirigencia sindical más dispuesta a la negociación y a las políticas de Estado, y al mismo tiempo, permitió desgastar y aislar a aquellos sectores del movimiento obrero que no estaban interesados en esas metodologías. Las políticas de acuerdo social se verían luego corregidas en sus “excesos” y “fracasos” por los continuos golpes de estado que se produjeron en nuestro país.

El modelo implementado a partir del decreto 23.852/45 responde a esa política de pacto social o alianza de clases. El mismo esta destinado a conformar una dirigencia sindical única con aptitudes para obligar y representar al colectivo de trabajadores en la búsqueda de mejoras programadas y acordadas con el sector patronal correspondiente. Los límites para esta forma de acción colectiva son los del propio sistema, no pudiéndose exigir más de lo que el propio sistema puede dar. Por otro lado, el modelo permite con sus numerosos recursos excluir aquellos sectores del movimiento obrero que pretenden otra forma de actuación y objetivos diferentes.

Todo ello nos permite apreciar que el llamado modelo de unidad promocionada constituye una intromisión del poder estatal sobre la libre constitución y desenvolvimiento de las organizaciones sindicales, definiendo un conjunto de “atribuciones lícitas” para un modelo de consenso. De esta manera, al definir los fines y las atribuciones propias del sindicato, e imponer al mismo tiempo una representación obligatoria al conjunto de los trabajadores a los efectos de esos fines y atribuciones, el Estado logra “direccionar” al conjunto del movimiento obrero manteniéndolos dentro de los límites del propio sistema. En este sentido, la confusión entre unidad y concentración le ha permitido al modelo conformar una estructura piramidal de representación, y a partir de allí, definir los sujetos que obligarán al conjunto de los trabajadores de una misma actividad.

La instauración de estructuras monopólicas de representación ha condicionado no sólo la constitución general de las organizaciones sindicales sino que además ha definido sin quererlo las estrategias implementadas por los sectores opositores al propio sistema. En este sentido, la lucha “por adentro” alentada por gran parte de los sectores vinculados a la izquierda, aún en condiciones en las cuales la burocracia, con el beneplácito de las autoridades gubernamentales y sectores patronales, limitan hasta lo imposible las posibilidades de éxito, constituye una estrategia creada por las propias condiciones del modelo actualmente vigente. Si tenemos presente que el sindicato con personería gremial es la resultante de una estructura monopólica de representación definida por el propio Estado, correspondería preguntarse quién determina el “adentro” de esa forma de lucha y cuál es el resultado que se pretende obtener. En condiciones de baja tasa de afiliación como sucede en la actualidad, considerar a los sindicatos como organizaciones de masas resulta una afirmación muy ambiciosa, por lo tanto, pretender hasta el extremo conquistar los sindicatos “más representativos” para evitar así el aislamiento, pierde todo su significado y dilata aún más los objetivos históricos de la clase trabajadora. No se tiene en cuanta que esa lucha “por adentro” contra la burocracia sindical es en definitiva una lucha por el control de esas estructuras monopólicas de representación impuestas por el propio sistema que, en condiciones de baja participación activa de los trabajadores, arrastran tras de sí a un colectivo de trabajadores totalmente pasivo acostumbrado a que unos pocos actúen por ellos. Son esas mismas estructuras de representación las que generan las condiciones necesarias para la formación y permanencia de una burocracia sindical sobre la base de un quietismo generalizado del colectivo de trabajadores.

Todo ello ha generado que las organizaciones sindicales se presenten en la actualidad como realidades por sí, instituciones ya definidas a las cuales el conjunto de los trabajadores se deben acomodar. Asimismo, el Estado al asignarle facultades erga omnes similares a las propias al sindicato con personería gremial, ha desdibujado con ello los alcances de una actuación propia de los trabajadores, depositando esas facultades en sus “representantes” y utilizando el colectivo como fuerza potencial de presión. El sindicato se transformó al igual que el Estado en un factor más de quietismo y de actuación a-través-de-otro contrario al principio de acción directa.

Sin embargo, la historia nos ha mostrado que los trabajadores no necesitaron de la ley para unir sus fuerzas, ni tampoco que el Estado defina los límites de su actuación, ni la manera en que debían organizarse. El primer movimiento sindical que existió en nuestro país no esperó a que el Estado defina qué es una organización sindical y cuáles sus funciones “propias”. Tampoco buscó la subsistencia del sistema a través de una actuación lícita, ni tampoco pretendió erigirse representante de nadie. El sindicato era la resultante de una unión real y activa de los trabajadores, fruto de la solidaridad y de la explotación de la cual eran objeto. Su actuación no tenía otros límites más que la autonomía colectiva y hasta donde llegaran sus propias fuerzas. Era un principio de la primacía de la realidad sindical: o había unión real, solidaridad obrera y participación activa; o nada. Todo lo que provenga por fuera del principio de acción directa sólo podía ser una expresión más del propio sistema que intentaban abolir.

La puesta en crisis del actual modelo sindical no pasa por la dicotomía unidad o pluralidad sindical. Todo ello es sólo una lectura errónea de la problemática. La unidad real de los trabajadores no puede ser decidida por ley ni definida por un modelo premeditado. Al mismo tiempo, la ausencia de una unidad formal impuesta por el Estado tampoco debe entenderse como una pluralidad necesaria ya que las organizaciones sindicales, libradas a su propia determinación, pueden perfectamente unir sus fuerzas. Asimismo, la intromisión del Estado a través de estructuras monopólicas de representación ha servido también como un factor generador de divisiones dentro del movimiento sindical. Por lo tanto, lo que se entiende por unidad promocionada no es otra cosa que la intromisión distorsionadora del Estado dentro del movimiento sindical, coartando la libertad sindical y apropiándose de una expresión espontánea de los trabajadores. El objetivo de este trabajo era justamente tratar ciertas cuestiones fundamentales que la problemática actual del modelo sindical continúa sin considerar y que resultan de una importancia decisiva para la puesta en crisis del presente modelo.

– Leonardo Elgorriaga, 13 de agosto de 2010

Hoy presentamos la octava sección del libro “Los orígenes del modelo sindical argentino”.

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Por: Leonardo Elgorriaga

Libro publicado por: La Sociedad de Resistencia de Oficios Varios Capital, Federación Obrera Regional Argentina (F.O.R.A. – A.I.T.)

El decreto 23.852/45: La unidad obrera garantía estatal:

“Los gobiernos de los países atrasados, o sea coloniales o semicoloniales, asumen en general un carácter bonapartista o semibonapartista. Difieren entre sí en que algunos intentan orientarse en una dirección democrática, buscando el apoyo de obreros y campesinos, mientras que otros implantan una forma de dictadura policíaco-militar. Esto determina también la suerte de los sindicatos: o están bajo la tutela del Estado o bien, sujetos a una cruel persecución. Este tutelaje está determinado por las dos grandes tareas antagónicas que el Estado debe encarar: atraer a toda la clase obrera, para así ganar un punto de apoyo para la resistencia a las pretensiones excesivas por parte del imperialismo y, al mismo tiempo, disciplinar a los mismos obreros poniéndolos bajo control de una burocracia”¹. En estas pocas líneas Trotsky anunciaba en 1940, en su definitivo exilio mexicano, la larga secuencia de gobiernos populares y golpes militares que sacudirán la región y la diferente situación en que se encontrarán los sindicatos, especialmente cuando el Estado pretenda buscar apoyo en los mismos.

El nuevo gobierno surgido tras el golpe de estado del 4 de junio de 1943 se propuso rápidamente reglamentar la actuación de las asociaciones sindicales. Previo al dictado del decreto 23.852/45, el gobierno militar dictó el 20 de julio de 1943 el decreto 2.669/43, siendo ésta la primera normativa en materia de asociaciones profesionales sancionada en nuestro país. Sus considerandos expresaban “Que es necesario la adopción de un estatuto que reglamente las actividades de las asociaciones profesionales, para encauzar dentro de un ordenamiento que las aleje de todo objeto o finalidad ajenos a los que ellas deben proponerse conseguir en atención al carácter que les es propio”. Esta normativa contenía ya la distinción entre personería jurídica y personería gremial, concediendo a la entidad que haya obtenido esta última ciertas ventajas de las cuales no goza el primero, a condición de someterse a un mayor control por parte del Estado. Alejandro Unsain al comentar dicho decreto señalaba que “La personería gremial aparece más bien como una calificación de entidad de derecho público en tanto que la personería jurídica caracteriza relaciones de derecho privado”². Sin embargo, todavía no se le concedía a la entidad con personería gremial facultades “erga omnes” que afectaran al conjunto de los trabajadores de la actividad, sino que, por el contrario, su actuación en materia de negociación colectiva, conciliación y arbitraje, sólo era “…en nombre de sus asociados” (art. 11). Pero por otro lado, dicho decreto tampoco establecía que la personería gremial recaía sobre la entidad más representativa, ni tampoco establecía que se otorgaría la personería gremial a una sola entidad por actividad. Por lo tanto, el modelo implementado por el decreto 2.669/43 no era el actualmente denominado unidad promocionada.

El decreto 2.669/43 tuvo una vigencia muy breve ya que fue derogada a los pocos meses y en los hechos no llegó a ser implementado. En su reemplazo el gobierno militar dicta el 2 de octubre de 1945 el decreto 23.852/45 sobre asociaciones profesionales de trabajadores, dando inicio con ello al modelo sindical que regirá en nuestro país hasta la actualidad. En sus considerandos se expresaba “Que en el actual período de evolución y desarrollo de las relaciones entre empleadores y trabajadores, es innegable la importancia que reviste la colaboración del Estado y de las asociaciones profesionales en todo lo concerniente a la fijación de las condiciones de trabajo y a la necesaria adaptación de las normas básicas de la legislación obrera a las distintas clases de actividades”.

El nuevo decreto mantenía la distinción entre personería gremial y personería jurídica, pero con importantes variaciones en cuanto al criterio para el otorgamiento. El art. 8º del decreto establecía que “Son condiciones esenciales para el reconocimiento gremial de las asociaciones profesionales de trabajadores:… 3º Que por el número de afiliados cotizantes, en relación al de las personas que ejerzan la actividad de que se trate, se la considera suficientemente representativa en la zona en que se circunscribe su actuación”. Asimismo, el art. 9º establecía que “En el caso de existir sindicato con personería gremial, sólo podrá concederse esa personalidad a otro sindicato de la misma actividad, cuando el número de afiliados cotizantes de este último, durante un período mínimo y continuado de seis meses, inmediatamente anteriores a la solicitud, fuera superior al de los pertenecientes a la asociación que goce de personalidad gremial”. El decreto 23.852/45 inaugura en nuestro país el modelo denominado como “unidad promocionada”, concediendo la personería gremial a una sola asociación sindical por actividad dentro del mismo ámbito territorial de actuación.

El alcance de esa unidad es sustancialmente corporativo al ser promocionada para cada actividad, manteniendo de esta forma la división de los trabajadores sobre la base de la actividad a la cual pertenecen. Incluso el art. 2º del decreto consideraba sindicatos a los que comprenden trabajadores de una misma “profesión, industria, oficio y otros similares o conexos”, y que se constituyan “para la defensa de sus intereses profesionales”. La defensa exclusiva del interés profesional también aparecía expresada en la Constitución del 49´, en cuyo art. 37 se reconocía “El derecho de agremiarse libremente y de participar en otras actividades lícitas tendientes a la defensa de los intereses profesionales…”. El interés profesional como límite de actuación ha traído como consecuencia que ciertas prácticas antes habituales de las organizaciones sindicales se vean seriamente limitadas, como es el caso de la huelga por solidaridad en donde la CSJN en el año 1965 estableció un criterio restringido para su reconocimiento³, y con el tiempo otros pronunciamientos han llegado incluso a declararla como una practica ilícita⁴.

Pero la diferencia fundamental entre el modelo establecido en el decreto 23.852/45 y el establecido en la ley sindical italiana antes comentada, se encuentra en el hecho de que el primero concedía la personería gremial sobre la base de la fórmula de la asociación más representativa, mientras que en el segundo constituía una facultad discrecional de la autoridad de aplicación. Hay que señalar que en la Décima Conferencia Internacional del Trabajo realizada en Ginebra en 1927, el delegado obrero italiano, Sr. Rossoni, fue impugnado por violar su designación lo establecido en el art. 389 del Tratado de Versalles. En los fundamentos de su impugnación se señaló que al ser el Sr. Rossoni miembro de la Confederación Nacional de los Sindicatos Obreros Fascistas, su designación había sido hecha sobre la base de la ley sindical del 3 de abril de 1926 dictada en ese país, por lo que no se trata de una organización sindical libre sino un órgano de la dictadura. Asimismo, se señaló que “Los tratados son la ley de las potencias contratantes; constituyen para éstas, obligaciones que deben ser respetadas. No se puede permitir a ningún Estado eludirlas o negarlas, ya sea por medio de actos arbitrarios, ya por medio de la ley… La ley del 3 de abril de 1926 es la negación de la libertad sindical garantizada por la Parte XIII del Tratado de paz que determina el funcionamiento y los fines del Organismo Internacional del Trabajo”⁵. Este incidente posiblemente haya sido uno de los fundamentos para que se haya elegido en nuestro país la fórmula prevista en el art. 389 del Tratado de Versalles para determinar la entidad que obtendría la personería gremial.

Pero otra diferencia fundamental entre el decreto 23.852/45 y la ley sindical italiana, es que el primero todavía no reconocía a la asociación sindical con personería gremial las facultades erga omnes reconocidas por el segundo. En efecto, si bien el art. 33 inc. 1º del decreto declaraba al sindicato con personería gremial representante de los intereses profesionales ante el Estado y los empleadores, los restantes derechos que les eran reconocidos no sobrepasaban los límites de su constitución como entidad de derecho privado. El decreto no establecía aún que los convenios colectivos celebrados por la asociación con personería gremial benefician a todos los trabajadores de la actividad, ni que el mismo pueda recabar contribuciones a todos ellos, aún a los no afiliados. Por el contrario, los efectos erga omnes del sindicato con personería gremial se irán consolidando en los años inmediatamente posteriores al dictado del mencionado decreto.

En lo que hace a la negociación colectiva, hasta ese momento la única forma en que el Estado podía otorgar carácter general a las disposiciones contenidas en las convenciones colectivas de trabajo era recabando la adhesión de todas las empresas hacia las cuales el convenio iba dirigido, o dándole fuerza obligatoria general mediante el dictado de un decreto especial, tal como sucedió con el decreto 23.935/44 que dio fuerza obligatoria al convenio colectivo de peluqueros y peinadores⁶. Sin embargo, el 6 de marzo de 1944 el flamante Secretario de Trabajo y Previsión dicta la Resolución Nº 16/44 cuyo punto sexto establecía que “…los convenios que establezcan condiciones generales de salarios y trabajo, deberán ser redactados por intermedio de la Dirección de Acción Social, la que, según el mérito de los mismos, consultará sus términos con la Dirección General de Trabajo”. El 16 de agosto de 1944 se dicta el decreto 21.877/44 cuyo art. 4º establecía que “La falta de cumplimiento a los convenios aludidos en el punto 6º de la resolución de la Secretaría de Trabajo y Previsión, de fecha 6 de marzo del corriente año, traerá aparejada para los patrones la aplicación de las sanciones contenidas en los arts. 1º y 2º de este decreto, para la organización obrera u obreros en desacato, además, la sanción de ilegalidad de la actitud asumida, la prohibición de ser atendidos en el futuro en forma colectiva, como así también la imposibilidad de realizar todo acto que tienda a mantener, propagar o difundir la actitud ilegal considerada”. En 1947 la CSJN rechazó un recurso extraordinario presentado por un empleador que cuestionó la constitucionalidad de la multa que le fue aplicada por incumplir con un convenio colectivo de trabajo que él no había suscripto⁷. Se comenzaban sentar de esta forma las bases para el reconocimiento de la obligatoriedad general a las disposiciones contenidas en las convenciones colectivas de trabajo suscritas por el sindicato con personería gremial. Finalmente, el 29 de septiembre de 1953 se dicta la ley 14.250 cuyo art. 3º establecía que “Las convenciones colectivas deberán ser homologadas por el Ministerio de Trabajo y Previsión. Cumplido ese requisito, no sólo serán obligatorias para quienes las suscribieron, sino también para todos los trabajadores y empleadores de la actividad, en las condiciones a que se refieren los artículos 8º y 9º”.

Por otro lado, el art. 8º originario de la ley 14.250 establecía que “Las cláusulas de la convención por las que se establezcan contribuciones a favor de la asociación de trabajadores participante, serán válidas no sólo para los afiliados, sino también para los no afiliados comprendidos en el ámbito de la convención”. El sindicato con personería gremial se sostiene patrimonialmente en parte con una contribución que recauda no sólo sobre sus afiliados sino también sobre la totalidad de los trabajadores comprendidos por el convenio colectivo, sosteniéndose de alguna manera de igual forma en que lo hace el Estado mediante el tributo y la carga pública. Siendo ésta una medida altamente burocratizante, el sindicato con personería gremial se sostiene patrimonialmente aún con baja tasa de afiliación y con poca participación activa de los trabajadores en su vida interna, por lo que su mala respuesta a los intereses de los trabajadores no se refleja tan claramente en su situación patrimonial.

En lo que respecta a la conciliación y al arbitraje en conflictos colectivos de trabajo, el carácter vinculante que tiene la actuación del sindicato con personería gremial en materia de negociación colectiva sobre la totalidad de los trabajadores de la actividad, se trasladará a su actuación como representantes de los trabajadores de la actividad ante cualquier conflicto colectivo. De esta manera, la ley 14.786 del 22 de diciembre de 1958 instaura la conciliación obligatoria en los conflictos colectivos de intereses. La misma, sobre la base de las distintas normativas que continuaron al decreto 23.852/45, coloca en la mesa de negociación al sindicato con personería gremial por ser éste el único representante de los intereses colectivos, y por ende, la fórmula conciliatoria a la cual se adhiera obligará a todos los trabajadores alcanzados por el conflicto. Lo mismo sucede en el supuesto de que el sindicato acepte someterse al arbitraje, en donde el art. 7º de la citada ley establece que “El laudo tendrá los mismos efectos que las convenciones colectivas a que se refiere la ley 14.250”.

Si bien el decreto Nº 23.852/45 no prohibió expresamente el recurso de la huelga como si lo hizo el art. 18 de la ley sindical italiana, tampoco lo consagró expresamente como un derecho de los trabajadores. La reforma constitucional del 49´ tampoco reconoció el derecho de huelga. En la Convención Constituyente de 1949 se expresaron entre otras razones por su falta de reconocimiento: “Sr. Salvo.- Como dirigente obrero debo exponer por qué razón la causa peroniana no quiere el derecho de huelga. Si deseamos que en el futuro esta Nación sea socialmente justa, deben de estar de acuerdo conmigo los señores convencionales en que no podemos, después de enunciar ese propósito, hablar a reglón seguido del derecho de huelga que trae la anarquía y que significaría dudar de nuestra responsabilidad y de que en adelante nuestro país será socialmente justo. (¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos). Consagrar el derecho de huelga es estar en contra del avance de la clase proletaria en el campo de las mejoras sociales… Sr. Perazzolo.- Los trabajadores que estamos embanderados en la causa sindicalista desde hace muchos años miramos el presente con la sonrisa en los labios y el corazón conmovido. Recordamos que hace años las manifestaciones del 1º de Mayo tenían el carácter de protesta por la ejecución de los obreros de Chicago. Eran entonces una expresión de odio, de rebeldía y de lucha contra el capitalismo. Pero desde que está el general Perón al frente de los destinos de la patria, ya no albergamos odios ni rencores: nos reunimos junto a la tribuna del 1º de Mayo para bendecir a Dios y celebrar la felicidad de los trabajadores argentinos. (¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos)”⁸.

El reconocimiento del derecho de huelga vendría recién con la introducción del art. 14 bis por la reforma constitucional del 57´. Si bien es claro el sentido amplio del término “gremio” utilizado por el convencional constituyente, cierta parte de la doctrina⁹ ha entendido que sólo al sindicato con personería gremial le corresponde declarar la huelga, intentando con ello hacer perder a los trabajadores su principal arma de lucha y expresión espontánea de la solidaridad obrera. Sin embargo, pese a tal interpretación del art. 14 bis de la CN, el art. 9º de la ley 14.786 se preocupa bien en sancionar directamente a los trabajadores con la pérdida de la remuneración correspondiente si la huelga es declarada durante el período de conciliación obligatoria. Esta disposición parece intuir muy bien quienes son en definitiva los que ejercen el derecho de huelga, y comprende también que no existe una relación necesaria entre el sindicato que participa en la conciliación y los trabajadores en conflicto.

Estos principios son los que definieron el modelo sindical surgido del proceso de acercamiento del Estado a las organizaciones sindicales y que se mantienen en la actualidad con la ley 23.551 (LAS). El proceso de unidad por concentración había comenzado tiempo antes, pero durante el período 1943-1947 el mismo alcanzó una magnitud antes impensable definiendo el mapa sindical de nuestro país hasta la actualidad. A partir de ese momento se conforman los principales sindicatos de actividad mediante la fusión de pequeños sindicatos de oficio, prefiriendo para su constitución la forma de uniones nacionales. Como muestra de la finalización del proceso de acercamiento entre Estado y movimiento sindical, en abril de 1950 el Congreso General Extraordinario de la CGT aprobó un preámbulo de su estatuto en que manifestaba su “…indeclinable decisión de constituirse en celosa depositaria y fiel ejecutora de los altos postulados que alientan la Doctrina Peronista y en leal custodia de la Constitución de Perón…”.

Notas:

1) Trotsky León; “Los sindicatos y las tareas de los revolucionarios” (compilación), CEIP León Trotsky, 2010, p. 129
2) Unsain Alejandro; “Líneas generales de la reglamentación de la asociación profesional”, DT 1943
3) CSJN, 22/12/1965, “Valdez, Julián y otro c. Tipoití S.A.”, AR/JUR/80/1965
4) CNAT, sala II, 25/06/1990, “Fernández, José L. y otros c. Proveeduría para el Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires”, LL 1990-D, 322
5) Palacios Alfredo; op. cit. p. 343
6) Deveali Mario L.; “Formas y alcances de la intervención del Estado en los convenios colectivos”, DT 1945 p. 311
7) CSJN: “Basile Hnos.”, 23/05/1947, DT 1947, p. 385
8) Peña Milciades; op. cit. p. 101
9) Vázquez Vialard Antonio; “Derecho del trabajo y de la seguridad social”, Astrea, 1978, p. 553

En la séptima sección del libro “Los orígenes del modelo sindical argentino”, se demuestra la influencia de la estructura fascista italiana en varios países.

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Por: Leonardo Elgorriaga

Libro publicado por: La Sociedad de Resistencia de Oficios Varios Capital, Federación Obrera Regional Argentina (F.O.R.A. – A.I.T.)

El Estado corporativo y la organización sindical en Italia:

En su obra “La doctrina del fascismo”, Benito Mussolini decía “No hay individuos ni grupos (partidos políticos, asociaciones, sindicatos, clases) fuera del Estado. Porque el fascismo es contrario al socialismo, que inmoviliza el movimiento histórico en la lucha de clases e ignora la unidad del Estado, que funde las clases en una sola realidad económica y moral; y, análogamente, está en oposición al sindicalismo clasista. Pero en la órbita del Estado ordenador, las exigencias reales que fueron la causa del movimiento socialista y sindicalista, el fascismo quiere sean reconocidas y hacerlas valer en el sistema corporativo, donde aquellos intereses se concilian con la unidad del Estado… Los individuos constituyen las clases, según la categoría de intereses; se sindican según las diferentes actividades económicas cointeresadas; pero son, ante todo y sobre todo, el Estado”¹. El fascismo y la noción de Estado corporativo por ella implementado implicaban un reconocimiento de los diferentes sectores sociales pero al solo efecto de encauzar su actuación y lograr su integración armónica en la unidad del Estado. Los diferentes sectores sociales se concilian y se confunden con la estructura misma del Estado, el cual absorbe de esta manera a esos sectores adquiriendo las formas del Estado totalitario: “…el fascismo es totalitario, y el Estado fascista, síntesis y unidad de todos los valores, interpreta, desarrolla y patentiza toda la vida del pueblo”.

El Programa del Partido Nacional Fascista señalaba como parte de su política social: “…disciplinar las luchas de interés desorganizadas entre las categorías y las clases”. Para ello adquiría una gran importancia el concepto de categoría profesional como fórmula antitética a la de clase social. El propio Mussolini en su discurso del 14 de noviembre de 1933 ante la asamblea general del Consejo Nacional de Corporaciones, luego de enumerar las distintas ramas y grupos profesionales que componían la economía italiana (industriales, comerciantes, artesanos, personal de servicios, fuerzas armadas, empleados públicos, etc.), concluye que “Este cuadro también os demuestra que se equivocaba Carlos Marx, el cual, en obediencia a sus esquemas apocalípticos, pretendía que la sociedad humana se podía dividir en dos clases netamente diferenciadas entre sí y eternamente irreconciliables”². La división de la sociedad en base a la categoría profesional a la cual pertenecían los individuos, permitía lograr la armonización de las dos clases sociales enfrentadas a través de la imposición de una estructura corporativa de carácter imperativo, en la cual ambas clases aparecían representadas para atender las cuestiones propias al grupo profesional que pertenecen. La solidaridad y unión de cada clase social se lograba descomponer por medio de una división profesional imperativa que reunía en cada una de ellas a ambas clases sociales. En las corporaciones la división entre capital y trabajo se resolvía dentro de cada rama de la economía, perdiendo ambos la división orgánica entre los mismos y pasaban a formar parte de la estructura misma del Estado.

En el caso de las organizaciones sindicales, la cuestión era más compleja ya que el sistema implementado por el régimen prohibía la constitución de sindicatos mixtos, por lo que empleadores y trabajadores mantenía la diferenciación orgánica por medio de organizaciones estructuralmente diferenciadas. Asimismo, dentro de la estructura piramidal implementado, los sindicatos se encontraban en un escalón más abajo que las corporaciones por lo que la absorción de los mismos dentro de la estructura del Estado era menos evidente. Sin embargo, ambos aspectos existieron, siendo la organización sindical uno de los pilares fundamentales del régimen fascista en Italia.

En el discurso dado por Alfredo Rocco, autor de la ley sindical italiana, ante la Cámara de Diputados decía “Las masas entran en el Estado no para destruirlo sino para consolidarlo, para darle la mejor parte de ellas mismas, en la misma manera que el Estado les da la más alta protección y el más amplio reconocimiento”, y la nueva ley “consagra un sindicalismo que no tiene nada de revolucionario, nada de contrario al Estado, lo que responde plenamente a la naturaleza de las cosas porque en sí el sindicalismo no es revolucionario ni contrario al Estado ni antinacional; es un fenómeno necesario y eterno que pertenece a todas las sociedades y a todos los períodos de la historia… el sindicato colaborará con el Estado en el cumplimiento de sus deberes morales y sociales, para mantener el sentimiento patriótico y religioso, para realizar la paz social perfecta, la solidaridad nacional completa… el sindicato es un órgano del Estado, participa de las funciones del Estado y hasta ejerce derechos inherentes a la soberanía como es su derecho de establecer y de percibir impuestos coercitivos. No se puede imaginar que un órgano que representa no solamente a los que están inscriptos sino a toda la categoría de patrones y de obreros para la cual ha sido constituido, que estipula contratos colectivos para todos los que pertenecen a esa categoría, estén o no estén inscriptos, que impone contribuciones aún a los que no hacen parte de él pueda substraerse al control del Estado”³.

Por su parte, la Carta del Lavoro de 1927 declaraba “La organización sindical o profesional es libre. Pero sólo el sindicato legalmente constituido y sometido al contralor del Estado, tiene derecho a representar legalmente a toda la categoría de dadores de trabajo o de trabajadores para la que está constituido; a amparar sus intereses ante el Estado y las demás asociaciones profesionales; a estipular contratos colectivos de trabajo, obligatorios para todos los que pertenecen a la categoría; a imponerles contribuciones y a ejercer, con respecto a los mismos, funciones delegadas de interés público”. De esta manera, si bien se reconocía el principio de libertad sindical, la Carta del Lavoro traza una clara diferencia entre aquellos sindicatos que no se encuentran legalmente reconocidos y aquellos que sí lo están, asumiendo estos últimos la representación del conjunto de los trabajadores de la misma categoría, lo que implica que el mismo asuma funciones propias de los poderes públicos.

La ley sindical italiana del 3 de abril de 1926, que formaba parte de las denominadas “leyes fascistísimas”, establecía en su art. 4º que el reconocimiento de las asociaciones de patrones y obreros tiene lugar “por decreto real, a propuesta del Ministerio competente, de acuerdo con el Ministro del Interior y oído el consejo de Estado”. El art. 6º establecía que “No puede ser reconocida legalmente, para cada categoría de patrones, de trabajadores, de artistas o de personas que ejercen una profesión liberal, sino una sola asociación”. Por último, el art. 12 establecía que “Las asociaciones de patrones, de trabajadores, de artistas y de personas que ejercen una profesión liberal que no están legalmente reconocidas, continuarán subsistiendo como asociaciones de hecho, conforme la legislación en vigor…”. Claramente se puede apreciar que el modelo de organización sindical implementado por el régimen fascista en Italia era el actualmente denominado de “unidad promocionada” para cada grupo profesional. La manera de promocionar esa unidad es la de conceder al sindicato legalmente reconocido facultades propias de los poderes públicos con efecto “erga omnes” que superaban las dimensiones propias de cualquier asociación privada.

En este sentido el art. 5º establecía que “Las asociaciones reconocidas legalmente tienen la personería jurídica y representan legalmente a todos los patrones, obreros, artistas, y personas que ejercen una misma profesión liberal de la categoría para la cual están constituidas, estén inscriptas o no, en la extensión de la circunscripción territorial en que ellas operan”. Asimismo, agrega que “Las asociaciones reconocidas legalmente tienen la facultad de imponer a todos los patrones, trabajadores, artistas y personas que ejercen una profesión liberal, a que ellas representan, estén o no inscriptos, una contribución anual…”. El art. 10 establecía que “Los contratos colectivos de trabajo establecidos por las asociaciones de patrones, de obreros, de artistas y de personas que ejercen una profesión liberal legalmente reconocida son válidos respecto de todos los patrones, trabajadores, artistas y personas que ejerzan una profesión liberal de la categoría de aquélla a la que el contrato colectivo se refiere y que estas asociaciones representan en virtud del artículo 5º”. Finalmente, el art. 17 establecía que “El derecho de intentar una acción en materia de diferencias relativas a las relaciones colectivas de trabajo pertenece únicamente a las asociaciones legalmente constituidas y puede ser ejercitado contra las asociaciones legalmente reconocidas”.

El sindicato legalmente reconocido asumía de esta manera facultades exorbitantes que alcanzaban al conjunto de los trabajadores de la categoría de que se trate, estén afiliados o no al mismo, superando con ello los límites propios de toda estructura asociativa. Estas facultades se circunscriben en la representación que ejerce el sindicato sobre el conjunto de los trabajadores, lo que comprende negociación colectiva y solución en los conflictos colectivos de trabajo, a lo que se suma la posibilidad de recaudar una contribución obligatoria al colectivo que supuestamente representan, sosteniéndose patrimonialmente de la misma forma en que lo hace el Estado. Al alcanzar la actuación del sindicato reconocido a quienes no se encuentran afiliados al mismo, se consolida para las organizaciones sindicales la clásica división entre representantes y representados, entre los sujetos activos y pasivos del movimiento sindical, lo que alienta el desdoblamiento entre sindicato y trabajadores.

El modelo de unidad promocionada y las facultades concedidas al sindicato reconocido que hemos analizado anteriormente, se inauguran por primera vez con el régimen fascista en Italia. El mismo influenciará en la estructura sindical de varios países, entre los cuales se encuentra el nuestro a partir del dictado del decreto 23.852/45⁴.

Notas:

1) García Orza Raúl; “Mussolini y el fascismo”, CEAL, 1972, p. 31
2) García Orza Raúl; op. cit. p. 87
3) “Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata”, 1926, p. 152
4) El diputado radical Carlos J. Rodríguez presentó en 1928 ante la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley sobre “Organización Corporativa Nacional”, inspirado en los regímenes implementados en Italia y España. En su expresión de motivos señalaba “Laboremos en tiempo y en completa libertad, para que mañana no tengamos que lamentar la revolución o el golpe de Estado…” (Diario de sesiones de la Cámara de Diputados, 21/09/1928, p. 681)

En la sexta sección del libro “Los orígenes del modelo sindical argentino”, se ve la influencia de uno de los primeros representantes del fascismo en la Argentina, y se cuenta la fundación de la Asociación Internacional de los Trabajadores – A.I.T.

Las secciones anteriores se encuentran acá.

Por: Leonardo Elgorriaga

Libro publicado por: La Sociedad de Resistencia de Oficios Varios Capital, Federación Obrera Regional Argentina (F.O.R.A. – A.I.T.)

El proyecto Sánchez Sorondo: el sindicato único y responsable:

El crecimiento de las organizaciones gremiales en nuestro país había generado desde muy temprano la presentación de numerosos proyectos legislativos en materia de asociaciones sindicales, partiendo del Proyecto González y pasando por el de Juan B. Justo. Ninguno de ellos establecía el modelo de sindicato único por actividad. Incluso ninguna de las leyes sobre asociaciones sindicales vigente en otros países hasta ese momento preveía el modelo del sindicato único por actividad o de unidad promocionada¹.

Luego de los sucesos de la Semana Trágica de enero de 1919, el 28 de mayo de ese año se presenta ante la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley de asociaciones profesionales elaborado por el diputado conservador Matías Sánchez Sorondo, el que sería luego Ministro del Interior del Gral. Uriburu y uno de los primeros representantes del fascismo en nuestro país.

En la expresión de motivos² el diputado Sánchez Sorondo deja bien en claro la urgencia de la aprobación de su proyecto: “…esta es la hora en que los argentinos, después del estupor de la semana de enero y de los anuncios anarquistas del 1º y 4 de mayo, nos encontramos pacíficamente por ahora, en plena revolución patronal y gremial”. Asimismo, señala que “Es necesario, en mi concepto, encauzar el “derecho colectivo” y respetar dentro del gremio trabajador el derecho personal. Si el interés de la clase aconseja la unión, reconózcase el sindicato; pero no el sindicato irresponsable, dirigido por agitadores profesionales, con huelgas decretadas “ab-irato” y como represalia; con solidaridades que no responden a las conveniencias del trabajo, y que son, en definitiva, palancas preparadas para remover el orden social”. Se puede apreciar claramente que el proyecto está destinado a “encauzar” al movimiento sindical para evitar al sindicato “irresponsable” que es aquél que intenta remover el orden social. La forma en que el proyecto intenta evitar esas solidaridades que no responden a las conveniencias del trabajo, es expuesta por su autor en los siguientes términos: “…si el sindicato representa legalmente una fuerza del trabajo, una entidad social, debe asumir las responsabilidades de esa investidura ante sus propios asociados y ante terceros. Por eso se le declara único en su gremio, para que no se diluya en las agrupaciones análogas”. Claramente el proyecto intente oponer a un sindicalismo formado sobre la base de la solidaridad y de la superación de los intereses particulares de cada gremio, un sindicalismo corporativo y concentrado altamente disciplinado y responsable. Es por ello que el art. 5º del proyecto establece que: “No habrá, por gremio, sino un solo sindicato… Es atribución del poder ejecutivo declarar, por decreto, la existencia del gremio a los fines de esta ley”. Asimismo, el art. 30 establece que los sindicatos reconocidos sólo podrán federarse si pertenecen al mismo arte, profesión, oficio o industria. El proyecto contiene además numerosas restricciones y controles a las asociaciones efectivamente reconocidas.

La sola presentación del proyecto provocó que el Consejo Federal de la FORA del IX Congreso convocara a un Congreso Extraordinario celebrado el 28 y 29 de junio de 1919. En el mismo se declaró que el proyecto importa “un atentado contra las libertades y derechos conquistados por la clase obrera organizada sindicalmente y vendría a imposibilitar su acción sindical en todas las legítimas actividades que le son propias”, por lo tanto se resuelve efectuar una demostración pública simultánea en todo el país en repudio al proyecto antiobrero, y en caso de ser sancionada, se autoriza al Consejo Federal a declarar la huelga general. En cumplimiento de lo establecido en el Congreso Extraordinario, el día 10 de agosto de 1919 se celebraron numerosos mítines en todo el país en repudio al proyecto de ley. En la manifestación realizada en la Capital Federal se procedió a la lectura de un documento que indicaba los motivos por los cuales se repudiaba el proyecto de ley, en donde decía que el proyecto “…pretende la muerte de la solidaridad obrera al “prohibir” que los trabajadores se vinculen entre sí, como componentes de una misma clase, con idénticos intereses y análogas aspiraciones de emancipación integral, queriendo con ello “sancionar” la disolución de la Federación Obrera Regional Argentina”³.

Finalmente el proyecto de ley no fue sancionado pero constituye el primer intento del Estado de establecer la unidad formal entre los trabajadores.

El Tratado de Versalles y la organización profesional más representativa:

La fórmula de la organización profesional más representativa que sería luego utilizado por el decreto 23.852/45, apareció expresada por primera vez en el art. 389 inc. 3º del Tratado de Versalles de 1919, en la sección dedicada al organismo permanente del trabajo creado por dicho tratado como organismo anexo a la Sociedad de las Naciones. Este organismo fue el antecesor directo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) durante el período de entre guerras, y por su carácter tripartito y estrictamente sistémico, el mismo era la aplicación en el plano internacional de los modelos de consenso de clases y de reformas programadas inaugurado anteriormente por las socialdemocracias europeas. La diferencia con los modelos totalitarios que surgían también durante ese período para hacer frente el ascenso revolucionario de la clase obrera, era que tales modelos se aplicarían dentro del marco del régimen democrático definido por las potencias occidentales. Esto implicaba mantener la separación formal entre Estado y sectores sociales representados como una separación entre lo público y lo privado, pilar para dicho sistema, por lo que debía rechazarse el modelo de Estado corporativo aplicado por los regímenes totalitarios.

En este sentido, como organismo tripartito, las Conferencias generales estaban integradas, al igual que en la OIT, por cuatro representantes por cada Estado miembro de los cuales dos era delegados gubernamentales, y de los otros dos, uno representaba a los empleadores, y el otro a los trabajadores del Estado miembro. El art. 389 inc. 3º del Tratado de Versalles, que es similar al art. 3 inc. 5º de la Constitución de la OIT, establecía que: “Los Miembros se obligan a designar los delegados y Consejeros técnicos no gubernativos, de acuerdo con las organizaciones profesionales más representativas, ya de los patronos, ya de los obreros del país de que se trata, siempre, claro es, que existan dichas organizaciones”. De esta manera, la fórmula de la organización profesional más representativa fue utilizada por primera vez para determinar los delegados no gubernamentales de cada Estado ante el organismo internacional.

Lo interesante de todo esto es que al ser uno de los delegados “representante de los trabajadores del Estado miembro”, la organización profesional de los trabajadores definida como más representativa viene a ser la representante de todos los trabajadores de ese Estado, aún de los trabajadores no afiliados de dicha organización gremial. Por lo tanto, el organismo creado por el Tratado de Versalles, y la OIT en la actualidad, vienen a consolidar la idea de que las organizaciones gremiales son las representantes de los trabajadores de cada país, haciendo partícipes de esta manera a esas organizaciones del sistema representativo propio de las democracias occidentales, y por ende, coloca la actuación de éstas por fuero del principio de acción directa. Es decir que las asociaciones sindicales no son simplemente la resultante de la solidaridad y de la unión real de los trabajadores, sino que comienzan a transformarse en los representantes de esos trabajadores, generando a partir de allí el desdoblamiento propio entre representantes y representados, contrario al principio de acción directa.

Pero independientemente de lo anteriormente señalado, el hecho de hacer partícipes a las asociaciones sindicales en un organismo tripartito construido sobre la base de un modelo de consenso de clases, implica la aceptación de esas asociaciones de participar en dicho organismo. Esta situación conlleva la necesidad de que los Estados deban definir adecuadamente según sus intereses qué asociaciones participarán del mismo, y en su caso, ajustar la estructura de las organizaciones gremiales vigente en cada país para cumplimentar con el requisito de mayor representatividad exigido por los organismos internacionales.

Un hecho que nos sirve para mostrar la necesidad que tuvo el Estado argentino de redefinir la estructura de sus organizaciones gremiales para ajustarles a las exigencias del Tratado de Versalles, fue la impugnación que sufrió el delegado obrero argentino en la Primera Conferencia celebrada en Washington en octubre de 1919. El gobierno argentino, por decreto del 3 de septiembre de 1919, ofreció al sindicato ferroviario La Fraternidad la designación del delegado obrero argentino en dicha conferencia. Esta última designó a su secretario-gerente: el Sr. Américo Baliño.

Iniciada la Conferencia de Washington, la credencial del delegado obrero argentino fue observada por la comisión de poderes con base en una nota enviada por la Federación Sindical Internacional (FSI), en la cual denunciaba que el mismo había sido designado en violación a lo prescrito por el art. 389 del Tratado de Versalles, debiendo haber recaído su designación en algún miembro de la FORA del IX Congreso. Hay que recordar que la FSI, también conocida como Internacional de Ámsterdam, había surgido ese mismo año y era de alguna forma continuadora en el plano sindical de la política iniciada por la IIª Internacional, motivo por el cual sus opositores la denominaban también como Internacional 2 y ½. La FSI fue calificada de entidad amarilla tanto por la Internacional Sindical Roja, como por la Asociación Internacional de Trabajadoras (AIT), esta última de tendencia anarcosindicalista y a la cual se había adherido la FORA del V Congreso. La FSI había resuelto que las asociaciones adheridas a la misma participaran en la Conferencia de Washington, motivo por el cual, la FORA del IX Congreso que se encontraba adherida a dicha entidad denunció ante la misma la designación hecha por el gobierno argentino.

La delegación argentina defendió la credencial del delegado obrero, quién finalmente fue aceptado en la Conferencia por el apoyo de los delegados patronales y gubernamentales, no así de los delegados obreros que mantuvieron la posición contraria. La defensa de la delegación argentina apuntaba al hecho de que La Fraternidad era la asociación gremial más antigua del país, incluía a más del 90% de los obreros de locomotoras y estaba incorporada bajo las leyes del país, cosa que no cumplía a su entender la FORA. La delegación argentina concluía que La Fraternidad “…es la única organización que representa trabajadores de todas partes del país, siendo reconocida por la ley y sujeta a las responsabilidades legales consiguientes”.

Para comprender la defensa hecha por la delegación argentina hay que señalar que La Fraternidad fue la primera asociación gremial en obtener la personaría jurídica, la que le fue otorgada en 1889 mediante decreto del presidente Juárez Celman, y era la única organización gremial que contaba con la personería jurídica al momento de celebrarse la Conferencia de Washington. Es por ese motivo que la delegación argentina insistía que la misma se encontraba reconocida por la ley. Pero además dicha entidad era por entonces calificada de corporativismo extremo por sus pares, no habiéndose adherido a ninguna de las fracciones de la FORA, y hasta ese momento había recurrido a la huelga en sólo siete oportunidades, número sumamente exiguo para la época. Sus primeros estatutos propiciaban una actuación totalmente legalista en la resolución de los conflictos, al señalar como objetivos: “a) la uniformidad de las condiciones generales del trabajo por medio de la reglamentación legal; b) la formación de tribunales de arbitraje constituidos por representantes del gobierno, de la empresa en litigio y de la sociedad, a fin de estudiar y resolver los conflictos que se produjeran; c) la legislación sobre responsabilidades y procedimientos para los casos de accidentes ocurridos en servicios…”. El propio Américo Baliño, quién se encontraba afiliado al PS, había declarado que “…el merecido prestigio de la asociación se debe a su seriedad para tratar directamente con las empresas y con los poderes públicos. Dos cualidades imprescindibles, ecuanimidad de criterio y rectitud de procedimientos, han sido complementadas por una tercera cualidad: la de saber esperar…”^{4 5}.

La decisión tomada por el gobierno argentino para seleccionar al delegado obrero ante la Conferencia de Washington nos puede servir para apreciar qué tipo de organización gremial comienza a defender el Estado argentino, y de alguna forma se puede ir deduciendo qué clase de organizaciones gremiales se irán consolidando en nuestro país sobre la base de la formula de la organización gremial más representativa. La FORA del V Congreso, por su postura libertaria y su adhesión al principio de acción directa, no podía ser la organización que representara a los trabajadores argentinos. La FORA del IX Congreso, si bien se encontraba en pleno proceso de acercamiento a los poderes públicos, todavía no generaba la confianza suficiente en su posición colaboracionista. Hay que recordar que en enero de ese año se habían producido los sucesos de la semana trágica en los cuales participaron ambas organizaciones. Por lo tanto, La Fraternidad era la entidad apropiada en ese momento para erigirse representante de los trabajadores argentinos. Paradójicamente, los sindicatos ferroviarios La Fraternidad y Federación Ferroviaria (luego Unión Ferroviaria), tuvieron un papel destacado en el proceso que desembocó en el predominio de los socialistas dentro del conjunto del movimiento sindical a partir de 1936, con la expulsión definitiva de los sindicalistas de la CGT. A partir de ese momento el proceso de acercamiento del gobierno a las dirigencias sindicales fue mucho más sencillo.

Notas:

1) Las leyes sobre asociaciones sindicales por entonces vigentes en los principales países y los proyectos presentados en nuestro país, se encuentran en la obra de Tomás Amadeo: “Los sindicatos profesionales”, Ed. Valerio Abeledo, 1922.
2) Diario de sesiones de la Cámara de Diputados, 28/05/1919, p. 164
3) Casaretto Martín; “La lucha obrera y la fundación de la C.G.T.”, en “Los socialistas y el movimiento obrero”, Ed. Fundación Juan B. Justo, 1982, p. 83
4) Palacio Alfredo; op. cit. p. 282
5) Treinta años después un dirigente gremial volvía a hablar de “saber esperar” en la Convención Constituyente de 1949: “Sr. Salvo… Los obreros y dirigentes, que representamos a gremios que cuentan con mayorías más grandes que las que componen el Partido Radical, podemos afirmar que las promesas se han cumplido con creces… Si no se cumplen en mayor escala, es precisamente porque los obreros de la era peroniana sabemos esperar con la cordura que recién pedían los señores convencionales y no queremos avanzar más de lo realmente necesario” (Peña Milciades; “El peronismo”, Ed. El Lorraine, 1986, p. 100).