Puerto Rico: Luchamos para vencer, no para sobrevivir

 

A medida que nuestro sistema de salud, mutilado y quebrado, se prepara para la pandemia del COVID-19, Puerto Rico debe luchar para sobrevivir otra crisis humanitaria, la tercera en tres años, mientras se enfrenta a Wall Street en la bancarrota gubernamental más grande y más extensa de la historia judicial estadounidense. Apenas han pasado tres años desde que el huracán María arrasó nuestro archipiélago caribeño; tres meses desde que una serie de terremotos inhabilitaron importantes hospitales regionales y destrozaron miles de hogares; y la segunda semana de una cuarentena nacional a causa del COVID-19 se estrena con noticias de más de 2.500 trabajadores hoteleros despedidos de tan solo 10 hoteles. La incertidumbre generalizada está en su punto más alto para más de 3 millones de residentes en Puerto Rico, pero las lecciones aprendidas de los desastres pasados ​​nos permiten valorar y comprender los tipos de colaboraciones necesarias, no solo para sobrevivir a la vorágine, sino también para construir (¡y ganar!) campañas poderosas que ayudan a las familias de clase trabajadora y a nuestras comunidades a prosperar.

Puerto Rico comenzó su fuerte declive hacia la actual depresión económica en 2006, luego de la eliminación completa de la “Sección 936”, una exención contributiva federal para las compañías foráneas establecidas en el país. Esta exención permitió a las grandes multinacionales de la industria farmacéutica y la industria de la tecnología informática, entre otras, a crear una economía colonial hecha a la medida para refugiar sus multimillonarias ganancias anuales en la banca nacional antes de distribuirlas a sus dueños en EE.UU. completamente libres de impuestos. Esta economía y su gobierno colonial fomentaron la mano de obra barata en el sector privado, compitiendo a la baja con los salarios que estas industrias se verían obligadas a pagar a sus trabajadores si sus operaciones estuvieran en los estados de EE.UU.. Los sindicatos en Puerto Rico, por lo tanto, concentraron la mayor parte de sus esfuerzos organizando a trabajadores en el sector público, concentrando casi el 50% del sector público en su apogeo en el 2002.

Cuando estalló la burbuja del paraíso fiscal, Wall Street financió las operaciones del gobierno de Puerto Rico a fuerza de deuda, pero las familias de clase trabajadora en el sector público serían castigadas por sucesivas rondas de políticas de austeridad supuestamente destinadas a cuadrar el presupuesto, estimular la economía (privada) y compensar la casi absoluta falta de inversión de EE.UU. a las operaciones de sus multinacionales en nuestro archipiélago con subvenciones contributivas nacionales. Los prestamistas de Wall Street, directamente y a través de sus compañías de calificación crediticia, presionaron para que el gobierno colonial despidiera empleados a gran escala y achicara el tamaño de su fuerza laboral. Esto último también se hizo mediante incentivos de jubilación temprana sin la financiación adecuada para sufragar las pensiones, la moratoria en la contratación de puestos gubernamentales, y la privatización y subcontratación de labores y servicios públicos. Redujeron en casi 40% la fuerza laboral en el sector público en menos de 8 años. Los sindicatos estarían casi diezmados para cuando el gobierno de Puerto Rico acude al tribunal de quiebras en 2017.

Drenados de recursos, debilitados y aislados políticamente, los sindicatos no estaban preparados para la avalancha de litigios y el politiqueo que se produjo en el tribunal de quiebras. Una bandada de fondos buitres descendió de Wall Street y se posó en la quiebra gubernamental más grande, costosa y prolongada de la historia de los Estados Unidos, devorando el cadáver de la economía puertorriqueña en acuerdos alcanzados tras bastidores con una junta de control corrupta y antidemocrática, impuesta por el gobierno federal de EE.UU. en 2016 para controlar con mano de hierro las finanzas públicas del gobierno colonial.

Los fondos buitres pretenden aumentar sus ganancias en Puerto Rico utilizando un libreto harto conocido por las familias de clase trabajadora en Grecia, Argentina, Detroit y muchas otras jurisdicciones que se han enfrentado con esta bandada de buitres: recortan las pensiones, recortan y privatizan los servicios públicos esenciales, aumentan o crean impuestos regresivos y tarifas especiales en las empresas de servicios públicos, desregulan la actividad empresarial y el mercado laboral, y atracar por adelantado la mayor cantidad posible del dinero en efectivo del gobierno. Apenas 15 meses luego de implementado un nuevo plan de pagos acordado con estos fondos buitres, Puerto Rico ya está haciendo solo pagos parciales en su primer acuerdo de deuda reestructurada. Los acuerdos posteriores prometen rondas adicionales de austeridad, al menos hasta el año 2058, y es muy probable que lleven al gobierno a una segunda bancarrota en el corto plazo.

Mientras tanto, las comunidades en Puerto Rico se ven triplemente afectadas: (1) dos huracanes de categoría 5 devastaron nuestro archipiélago 4 meses después de comenzada la quiebra, y el gobierno federal de los Estados Unidos detuvo los esfuerzos de reconstrucción; (2) el año nuevo en 2020 arrancó con tres semanas de terremotos y réplicas, algunas de magnitud entre 5.0 y 6.6, que destrozaron las regiones sur y suroeste de la isla principal y provocaron que miles de familias vivan en casetas de campaña y que tantos miles más de niños que no puedan regresar a sus escuelas tras más de tres meses; y (3) la pandemia mundial de coronavirus amenaza a nuestra población cada vez más anciana, así como el suministro de alimentos, el comercio y el turismo en nuestra economía isleña.

Los programas de manejo de emergencias han sido inútiles en manos de una estructura gubernamental demacrada, mientras que los salarios estancados y el desempleo rampante no deja oportunidad real alguna para que las familias de clase trabajadora puedan reconstruir o resistir con sus propios ingresos.

¿Acaso ya se sienten abrumados? Éstas son las preocupaciones que los trabajadores en Puerto Rico enfrentan a diario, ya que no están divorciados de la realidad más amplia que experimentan en sus comunidades. El cambio climático, la depredación financiera, el aburguesamiento, la contaminación del medioambiente y una miríada de otros asuntos típicamente relegados como preocupaciones “comunitarias”, también son preocupaciones de los trabajadores en la medida en que los trabajadores viven en comunidades perjudicadas o afectadas por estas prácticas. Existe una necesidad urgente de que los sindicatos, las comunidades y las organizaciones políticas encuentren nuevas formas de organizarse y movilizarse en torno a demandas integrales que respondan a la realidad de las familias de clase trabajadora.

La campañas sindicales y las campañas comunitarias tienen objetivos comunes, enemigos comunes y una base común de miembros. La acción colectiva también es una táctica común. El desafío para los organizadores sindicales y comunitarios radica en diseñar y ejecutar, como socios iguales, estrategias de campaña comunes que puedan transformar su acción colectiva en una ventaja extraordinaria. La influencia de la comunidad se fortalece cuando se combina con el derecho a la negociación colectiva, entonces, ¿cómo podemos diseñar nuestros reclamos de manera que los sindicatos puedan asumirlos en su lucha por un convenio? La influencia sindical se fortalece cuando los trabajadores son energizados por el apoyo de su comunidad, entonces, ¿cómo podemos forjar una colaboración obrero-comunitaria que inspire confianza en la comunidad de que el sindicato no les abandonará una vez resuelvan los reclamos laborales en un convenio?

Hablemos de la Negociación por el Bien Común.

La Negociación por el Bien Común ni excluye ni depende de la solidaridad, pero sí requiere un análisis de investigación incisivo y estratégico que permita a los trabajadores y las comunidades explorar la intersección de intereses centrales para sus objetivos organizativos. Nuestro primer encuentro con esta teoría se remonta a un discurso de Stephen Lerner pronunciado el 6 de febrero de 1996 en el Instituto de Tecnología de Massachusetts: “Tenemos que ganar el apoyo de los trabajadores en su lugares de trabajo y tenemos que ganar el apoyo de los trabajadores en la comunidad1. […] En términos de formación de coaliciones, también es fundamental demostrar las conexiones entre los intereses corporativos que empobrecen a los trabajadores a través de salarios más bajos y que perjudican a la comunidad a través de políticas de desarrollo y exención de impuestos… “2 Esto es lo que nos propusimos hacer en Puerto Rico, en un esfuerzo por renovar el movimiento obrero en medio de la bancarrota.

Los bancos de Wall Street obtuvieron cifras récord en honorarios por suscribir, prestar y vender deuda ilegal y se dieron inmunidad a sí mismos mientras conducían a Puerto Rico a la bancarrota más grande en la historia del mercado de bonos municipales de EE.UU. Los fondos de cobertura que compraron bonos de Puerto Rico a descuentos de crisis acordaron con la junta de control fiscal para exprimir la economía y al gobierno quebrado de sus activos públicos. Las firmas de capital privado apuntan sus cañones a los hogares insolventes, hoteles, hospitales, prisiones y otros servicios privatizados. La industria financiera tiene un poder real sobre la vida de los trabajadores, en el lugar de trabajo y en la comunidad. Si queremos organizar a los trabajadores en Puerto Rico, tenemos que ofrecerles “una visión, un plan o una solución coherente por la que los trabajadores piensen que vale la pena luchar, ¡y los trabajadores no se organizan si no creen que van a ganar!”Si tenemos alguna esperanza de galvanizar el movimiento obrero, “necesitamos ganar y ganar a gran escala” contra la industria financiera.

Durante los últimos cinco años, un grupo de sindicatos, organizaciones comunitarias y organizaciones políticas, tanto de Puerto Rico como de Estados Unidos, han colaborado a través de la campaña Hedge Clippers, creando una red de apoyo internacional para luchar contra los fondos buitres de Wall Street que están desangrando a Puerto Rico. En 2018, el colectivo de Hedge Clippers lanzó una iniciativa piloto destinada a cancelar o descargar la mayor cantidad posible de la deuda en manos de fondos buitres, aprovechando las oportunidades de organización de base dentro y fuera del marco legal de la bancarrota. Las organizaciones obreras del sector público en Puerto Rico unieron fuerzas con pensionados del gobierno que luchan por un retiro digno, gremios profesionales que representan a trabajadores del sector público excluidos de los derechos de negociación colectiva, organizaciones feministas que abogan por una respuesta gubernamental robusta e integral a la violencia de género, una coalición de activistas comunitarios que abogan por la auditoría de la deuda y transparencia en las finanzas públicas para hacer a Wall Street rendir cuentas, y con la red más grande de organizaciones, activistas y aliados de la diáspora puertorriqueña en los Estados Unidos.

Colectivamente, hemos desarrollado un análisis de cada nivel de poder y lo que se necesita para vencer a los fondos buitres. No hay un manual para esto. Estamos estudiando el libreto de los fondos buitres en otras jurisdicciones, buscando todas las ventajas imaginables en las reglas del juego, explotando las debilidades en el libreto de la oposición, y los golpeamos donde somos más fuertes (no es en la sala del tribunal). La lucha continúa, pero hasta ahora los resultados han excedido las expectativas internas. Los grandes bancos enfrentan miles de millones de dólares en demandas por negligencia, los fondos buitres se enfrentan a un intenso escrutinio público sobre las tácticas financieras empleadas para llegar a sus acuerdos, y la junta de control fiscal está políticamente aislada, mientras que nuestra coalición obrero-comunitaria está recabando rápidamente el apoyo público y capital político para frustrar los intentos de imponer a las familias trabajadoras de Puerto Rico otro acuerdo nefasto de deuda.

Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con la organización sindical?

Los salarios del sector público y los convenios colectivos se congelaron hace 11 años; todos y cada uno de los laudos de arbitraje contra patronos gubernamentales se han suspendido desde la declaración de quiebra hace 3 años; y el crecimiento sindical mediante la organización de nueva matrícula se ha visto obstaculizado por 13 años de congelaciones de plazas en todo el gobierno, basadas en el supuesto de que un precipicio fiscal inminente requiere recortes masivos a derechos laborales para evitar un resultado eternamente apocalíptico. En realidad, el dinero transferido de los recortes a derechos laborales se utilizó para hacer pagos de intereses sobre deuda gubernamental que permanecía en gran medida oculta de la vista pública, los presupuestos y las auditorías gubernamentales.

Los sindicatos ahora tienen la oportunidad de utilizar sus poderes de negociación colectiva para alcanzar un acuerdo por el Bien Común que proteja las pensiones y los servicios públicos esenciales, evite aumentos regresivos a los impuestos y las tarifas en las facturas, reduzca la deuda a niveles sostenibles para evitar una segunda bancarrota del gobierno y obligue a los fondos buitres a asumir las pérdidas a través de un “cramdown” en el tribunal de quiebras. De lo contrario, una vez concluya la bancarrota y descongelen los convenios colectivos, veremos a los sindicatos competir unos con otros por las migajas de los fondos buitres, lo que probablemente lleve a nuevas rondas de recortes a derechos laborales para todos. Si el movimiento obrero del sector público quiere ganar sus próximas luchas sindicales, con alguna contundencia, debe eliminar la mayoría de, por no decir todos, los bonos gubernamentales pendientes de pago. Cuanto más nos acerquemos a ese resultado, mayores serán nuestras probabilidades de ganar parte del terreno perdido en la última década.

Igual de importante, nuestro éxito en detener desde Puerto Rico la buena racha de los fondos buitres en procesos de quiebras gubernamentales repercutirá en otras jurisdicciones de EE.UU. que albergan la esperanza de salir airosos de encuentros similares (por ejemplo, Illinois, Nueva Jersey y Connecticut). La coordinación internacional que conduzca al éxito en Puerto Rico evitaría la propagación de peligrosos precedentes judiciales a otras jurisdicciones y quiebras donde los fondos buitres puedan buscar una revancha.

Los pensionados del sector público también se pueden organizar para ejercer una especie de poder de negociación colectiva en una quiebra gubernamental, lo que significa que los pensionados del sector público también tienen la oportunidad de alcanzar un acuerdo por el Bien Común que proteja sus pensiones al tiempo que impone pérdidas a los fondos buitres mediante un “cramdown” que escude al resto de la población contra futuras medidas de austeridad que profundicen la pobreza extrema. Para lograr esto, necesitamos generar una presión pública sin precedentes sobre el gobierno-deudor-patrono. Esto es exactamente lo que los pensionados en Puerto Rico se han propuesto hacer.

Desde hace un año, casi 10,000 pensionados del gobierno se han unido bajo una nueva campaña, Construyamos Otro Acuerdo, para redirigir la estrategia de bancarrota de Puerto Rico junto a sindicatos y organizaciones políticas. Después de 9 meses de organización y movilización, en noviembre de 2019, los pensionados lograron una resolución unánime en la Legislatura de Puerto Rico que bloqueó cualquier proyecto de ley de reestructuración de la deuda que incluya recortes de pensiones para los trabajadores actuales y jubilados del sector público.

Paso seguido, el 22 de febrero de 2020, Construyamos Otro Acuerdo y el Frente en Defensa de las Pensiones, una coalición nacional de los capítulos de jubilados de sindicatos de trabajadores y gremios profesionales, celebraron la primera asamblea nacional de pensionados gubernamentales. Sobre mil pensionados se dieron cita luego de los terremotos para asumir postura, independientemente de sus otroras unidades apropiadas, contra el acuerdo abusivo alcanzado entre Wall Street y la junta de control fiscal. Allí aprobaron abrumadoramente una resolución de 10 puntos en la cual, entre otros reclamos específicos a sus pensiones, los pensionados incluyeron una serie de reclamos muchos más amplios que definen su exigencia de justicia en la jubilación: oposición a la privatización; defensa de la inversión pública en los niveles básico y superior de la educación pública, los servicios médicos, la vivienda, las comunicaciones, los servicios públicos y la seguridad; oposición a los impuestos regresivos y las alzas en las tarifas de servicios públicos, a los bajos salarios, al subempleo, a la violencia de género y otras más.

El 23 de marzo, frente a una pandemia mundial de coronavirus, los pensionados organizados bajo la campaña de Construyamos Otro Acuerdo reunieron a más de 80 organizaciones en todo Puerto Rico y los Estados Unidos, exigiendo al Congreso que obligue a su junta autocrática a financiar una respuesta justa e integral mediante la liberación más de $ 9 mil millones de fondos públicos de Puerto Rico. Para liberar estos fondos para una respuesta integral al COVID-19, la junta se vería obligada a descargar o cancelar la mayor parte de la deuda pendiente de pago de Puerto Rico a través de los mecanismos de quiebra que originalmente pretendía utilizar para reducir las pensiones y rescatar a los bonistas.

En la mañana del 24 de marzo, el presidente de la junta federal anunció que considera necesario cambiar de estrategia para salir de la bancarrota, incluyendo posiblemente abandonar sus pretensiones de recortar las pensiones en el plan de ajuste de deuda y financiar la respuesta del gobierno de Puerto Rico a la pandemia de COVID-19 con el dinero en efectivo que originalmente pretendía utilizar para rescatar a los bonistas.

En resumidas cuentas, los pensionados están utilizando su poder de negociación colectiva para cambiar el rumbo de más de 20 años de política neoliberal en Puerto Rico, luchando contra el ciclo interminable de pobreza y miseria que queda a su paso, y creando alianzas con grupos comunitarios y organizaciones políticas para asegurar que todos salgamos a flote. Seguimos confiando en que la Negociación por el Bien Común podría ser un componente estratégico clave para ganar la lucha contra el capitalismo de desastre en Puerto Rico.

Pero cambiar el rumbo por el cual Wall Street lleva a Puerto Rico también requiere apuntar los cañones a sus principales asentamientos en nuestra economía. En las primeras etapas de la saga de la deuda de Puerto Rico, los fondos buitres no solo acapararon bonos chatarra a gran descuento. Los fondos de cobertura y las empresas de capital privado que invirtieron en la deuda de Puerto Rico también acumularon una cartera de hoteles de lujo y bienes raíces residenciales, edificios de oficinas comerciales y almacenes, centros de llamadas y centros de datos, entre otros. Mientras tanto, la encuesta oficial más reciente sobre trabajadores unionados en Puerto Rico ya tiene más de seis años de publicada, de por sí indicativo del estado actual del movimiento obrero en nuestro archipiélago, y su estimado de la concentración sindical en el sector privado fue inferior al 1.7%. Las comunicaciones, el transporte, los hoteles y los hospitales son las pocas industrias del sector privado con alguna presencia significativa de representación sindical en Puerto Rico. Entonces, ¿cómo construimos desde allí?

Los sindicatos están entre las organizaciones de base y progresistas más importantes de cualquier sociedad4. Durante más de cincuenta años, la Unión de Trabajadores de la Industria Gastronómica de Puerto Rico, UNITE HERE Local 610 ha sido una voz poderosa para la justicia social, el progreso y los derechos humanos, y el sindicato trabaja arduamente para que así se mantenga. A lo largo de nuestra amplia experiencia en el trato con la industria hotelera en Puerto Rico, la Unión Gastronómica ha visto altibajos en términos de densidad sectorial y poder de negociación, pero está claro que la reciente embestida contra los sindicatos del sector público también se ha extendido a las negociaciones colectivas del sector privado.

En los últimos diez años, incluso cuando Puerto Rico se hundió más en la crisis financiera y la depresión económica, los sectores de hoteles y restaurantes experimentaron un aumento en su ingreso neto superior al 30%, pero la paga de los trabajadores relativo al ingreso neto se redujo por más de 10%. Los trabajadores no unionados son los más afectados por los salarios de pobreza, los pocos beneficios si alguno, y condiciones laborales cada vez más precarias gracias a las reformas laborales antiobreras impulsadas por la junta federal. En ausencia de la influencia política alcanzada por nuestros sindicatos hermanos en ciudades de fuerte arraigo sindical, como el Hotel Trades Council en la ciudad de Nueva York, la Unión Gastronómica decidió acoger la filosofía de la Negociación por el Bien Común para organizar nueva matrícula en Puerto Rico.

Pocos hoteles en Puerto Rico cuentan con trabajadores unionados, y la Unión Gastronómica pretende cambiar eso amasando poder para las familias de clase trabajadora, tanto en su lugar de trabajo como en sus comunidades. Obligar a los dueños de hoteles a que reconozcan al sindicato, acepten mejoras importantes en el convenio colectivo y eventualmente firmen un convenio maestro, especialmente bajo el clima político actual, sería casi imposible si la Unión tuviera que negociar por separado con cada patrono. Del mismo modo, resulta imposible que la Unión ignore los efectos del cambio climático en la estabilidad de la industria hotelera y la seguridad laboral de miles de trabajadores hoteleros en Puerto Rico, especialmente cuando la mayoría de nuestros miembros trabajan en propiedades frente a la playa y muchos viven en comunidades ubicadas en llanos costaneros inundables.

La conexión parece bastante obvia, pero ¿cómo se traduce en reclamos de Negociación por el Bien Común? A principios de 2017, la Unión Gastronómica se fue a huelga en El San Juan Hotel & Casino por prácticas ilícitas de trabajo de los dueños, quienes se negaron a reconocer y negociar con el sindicato. ¿Quién estaba entre los dueños? Fundamental Advisors, en ese momento un fondo de capital privado de $2.2 mil millones con sede en la ciudad de Nueva York. Fundamental Advisors compró el hotel a descuento en 2015, poco después de comprar varios millones de dólares en bonos chatarra de Puerto Rico, una deuda emitida ilegalmente en medio de lo peor crisis de liquidez jamás enfrentaba por cualquier gobierno deudor en Estados Unidos.

Mientras el fondo buitre libraba dos campañas contra la clase trabajadora puertorriqueña, una en el hotel y otra en Washington DC oponiéndose a los esfuerzos gubernamentales para reestructurar la deuda de Puerto Rico, la Unión Gastronómica unió fuerzas con el movimiento estudiantil en la Universidad de Puerto Rico (UPR). Los estudiantes también habían decretado una huelga en la Universidad a principios de 2017, luchando contra recortes presupuestarios a la institución ascendentes a 50% y un aumento del 100% en los costos de matrícula, ambos impuestos por la junta de control fiscal para pagar a bonistas buitres como Fundamental Advisors. Los estudiantes en huelga exigieron una auditoría integral de la deuda de Puerto Rico, la derogación de la ley federal PROMESA, que impuso la junta de control sobre Puerto Rico, y el fin de las medidas de austeridad que amenazan su educación.

Por suerte, varios de los miembros más activos de la Unión durante la huelga también habían estado activos en el movimiento estudiantil de la UPR, y varios otros miembros eran padres de estudiantes matriculados en la Universidad y tendrían que sufragar los aumentos en costos de matrícula mientras su patrono amenazaba con recortar salarios y beneficios. Fue una huelga de 60 días muy reñida, pero al final nuestros miembros ganaron el mejor convenio colectivo de la industria y los estudiantes de la UPR lograron evitar ese año el aumento en los costos de matrícula. Poco después, en mayo de 2017, el gobierno de Puerto Rico se declaró en bancarrota y Fundamental Advisors ya no figuraba entre la lista de fondos buitres que se aprovechaban de nuestra gente.

En un país tan abatido por desastres como lo es Puerto Rico, este modelo de organización resulta especialmente fácil de replicar: como mencionamos anteriormente, buscamos la intersección de “intereses corporativos que empobrecen a los trabajadores a través de salarios más bajos y dañan a la comunidad a través del desarrollo y de las exenciones contributivas”. Da la casualidad que los mismos fondos buitres que se han lucrado de la deuda de Puerto Rico también están comprando hoteles que son de valor estratégico para los objetivos organizativos de la Unión Gastronómica, y están utilizando el programa emblemático de exenciones contributivas de Trump para desarrollar viviendas de lujo sobre terreno protegido por reservas naturales. Este desarrollo a su vez provoca inundaciones y desplazamiento en la comunidad vecina, compuesta de familias negras de clase trabajadora y bajos ingresos, privadas por el gobierno federal de EE.UU. y el gobierno de Puerto Rico de obtener los fondos necesarios para reconstruir sus hogares y mitigar las inundaciones tras los huracanes Irma y María.

La mayoría de los miembros de la Unión Gastronómica viven en estas comunidades y se encuentran entre estas familias, amenazados con el desplazamiento por los mismos patronos buitres que les quieren privar de salarios justos y beneficios marginales en el lugar de trabajo, así como servicios públicos básicos e infraestructura en su comunidad. Aquí hay una confluencia lógica de intereses que simultáneamente activaría a los trabajadores para la acción militante y elevaría los reclamos progresistas de una comunidad que lucha por la justicia racial, económica y climática.

La Unión Gastronómica está en posición de poder unir las luchas de justicia laboral y comunitaria de nuestros miembros en una sola campaña. Por eso nuestros reclamos de Bien Común ante el patrono buitre incluyen detener el desarrollo de viviendas de lujo en tierras protegidas; reparar el daño que le han hecho al Río Herrera con la construcción para que los pescadores locales y los guías turísticos puedan continuar ganándose la vida de manera sostenible; redirigir las inversiones de Zona de Oportunidad hacia la construcción de infraestructura de mitigación contra inundaciones que sea consultada con y respaldada por la comunidad, lo que permitiría a la comunidad reconstruir hogares y pequeñas empresas que sean más resistentes a huracanes; reclutamiento de trabajadores que sean residentes de la comunidad, tanto en el hotel como en los trabajos de construcción de proyectos de mitigación contra inundaciones; la cancelación de cualquier deuda de Puerto Rico que aún posea el fondo de cobertura; y poderes de supervisión obrero-comunitarias para asegurar la implementación justa de estos reclamos.

Los trabajadores y los pobres en los Estados Unidos y Puerto Rico están sufriendo las consecuencias sociales y ambientales de décadas de políticas económicas neoliberales. Las familias trabajadoras puertorriqueñas y estadounidenses necesitan un programa sólido de reconstrucción económica para un futuro sostenible, orientado a crear y mantener buenos empleos sindicales, y abordar las históricas desigualdades sociales.

Puerto Rico es una nación latinoamericana ocupada y colonizada por el gobierno de los Estados Unidos durante más de 122 años. No es posible exagerar las desigualdades estructurales inherentes a esta relación imperial-colonial pero las familias trabajadoras de ambas naciones pueden unirse en la lucha contra los ataques desenfrenadas de los intereses corporativos. Podemos trabajar juntos para hacer obsoletas la colonización, la privatización, la desregulación, el mantengo corporativo y el fundamentalismo del libre comercio, y esforzarnos por construir una economía dirigida democráticamente y que funcione para todos.

Nos inspiramos en muchos movimientos afines en los Estados Unidos y América Latina. Debemos gravar las ganancias corporativas, crear mejores programas de empleo, planificar la reconstrucción urbana, expandir los servicios sociales para incluir la salud universal y la educación superior pública gratuita, transicionar a las energías renovables, cancelar la deuda estudiantil y proporcionar alivio a las familias trabajadoras endeudadas, proporcionar viviendas de calidad y asequibles, reducir el gasto militar y poner fin a las guerras, organizar a los trabajadores y revitalizar el movimiento obrero, y poner fin a todas las formas de racismo, sexismo, homofobia, transfobia y xenofobia.

Ante el desastre, hemos conocido el poder de la Negociación por el Bien Común. Hemos ganado en el pasado y continuaremos ganando, forjando puentes entre comunidades y sindicatos en el camino para asegurar que nuestra gente prospere.

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Este artículo se publicó originalmente aquí, en The Forge, una publicación respaldada por el Centro para la Democracia Popular.

 

 

1Lerner, Stephen. “Labor Forum: Strategic Labor Organizing; How to win against the odds,” Dollars and Sense, mayo/junio 1996, pág. 33.

 2Ídem, pág. 36.

 3Ídem, pág. 32.

4 McAlevey, Jane. “A Collective Bargain: Unions, Organizing, and the Fight for Democracy”, Harper-Collins, New York, 2020.

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