Proyecto 2025 es una propuesta conservadora para todos las ramas del gobierno estadounidense, incluyendo el Departamento de Trabajo (DOL), para los republicanos si ganan la presidencia en el 5 de noviembre 2024. Es probable que, de ganar Trump, el Presidente-electo pueda tomar las propuestas políticas de Proyecto 2025 como su programa político.
En 36 páginas, el abogado Jonathan Berry, anteriormente secretario de la sección regulatoria del Departamento de Trabajo (DOL), detalla sus recomendaciones.
Su diagnóstico es que los trabajadores no tienen voz en el lugar de trabajo y que no ganan suficiente para apoyar a sus familias.
“Los trabajadores estadounidenses carecen de una voz significativa en el lugar de trabajo actual. Entre el 50 y el 60 por ciento de los trabajadores tienen menos influencia de la que quisieran en cuestiones críticas del lugar de trabajo más allá de los salarios y los beneficios. Incluso los gerentes tienen el doble de probabilidades de decir que sus empleados tienen
muy poca influencia en lugar de demasiada.”
En vez de criticar el capitalismo y la inequidad social, Berry apunta su crítica hacia “la revolución de Diversidad, Equidad, y Inclusión (DEI)”, la Teoría crítica de la raza y la inversión socialmente responsable que se enfoque en criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). La política del Departamento de Trabajo también debe apoyar la agenda pro-vida.
“Bajo la administración de Biden, ese estado administrativo ha impuesto la agenda de ingeniería social de izquierda más asertiva en la historia de las agencias y ha incrementado los costos regulatorios para las pequeñas empresas y otras industrias productivas,” dice Berry.
El remedio, según Berry, es eliminar la colección de los datos sobre la discriminación que son necesarios para entender que la profundidad del racismo, el sexismo, la homofobia, la transfobia y la discriminación contra personas con discapacidad. Las capacitaciones sobre el impacto de discriminación deben estar terminado. El papel y el poder del Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) estaría reducido y su presupuesto cortado.
“La no discriminación y la igualdad son la ley; la DEI no lo es,” dice Berry, ignorando por completo la experiencia vivida de millones de trabajadores.
Otra propuesta es fortalecer la capacidad de empleadores religiosos de emplear trabajadores con un criterio religioso, por ejemplo que son de la misma fe, sin interferencia de estatutos federales de no discriminacion.
El derecho de mujeres a servicios de salud que incluye abortos estaría limitado, bajo las propuestas de Proyecto 2025. No habría ninguna obligación a los empleadores de proveer seguro de salud que incluya acceso a servicios de abortos ni de proveer ningún beneficio ni acomodaciones para empleados que hicieron un aborto. Propone que la legislación federal de seguro y beneficios “no se debe permitir que se imponga a la capacidad de los Estados de proteger la vida humana inocente en el útero.”
Para los trabajadores que no tienen un sindicato, la solución propuesta es anular la ley contra la formación de sindicatos controlados por el empresario y promover la formación de una “organización de participación de los empleados” (Employment Involvement Organization, EIO). Tal organización no daría ningún poder a los trabajadores menos su voz; el jefe sigue con todo el poder sin obligación a hacer caso a sus empleados.
En cuanto a sindicalización, la propuesta es eliminar la formación de sindicatos con tarjetas de firma sindical, dejando el voto secreto como el único modo de formar un sindicato. En los estados que tienen la ley “derecho-a-trabajar”, proponen una estrategia de dividir y conquistar, para cambiar la ley para que los trabajadores no tendrían que negociar contratos y las condiciones de trabajo a través del sindicato.
De nuevo, la hostilidad a la formación y sostenibilidad de sindicatos verdaderos es evidente. Otra propuesta es eliminar la regla que prohíbe la descertificación de un sindicato por un año después de su formación legal. Si hay un acuerdo colectivo, no se puede descertificar el sindicato por tres años desde la firma del acuerdo. También propone que los centros de trabajadores tendrían que cumplir con los mismos requisitos de información financiera que los sindicatos.
En vez de apoyar el derecho de formar sindicatos, la propuesta debilitaría la definición de contratadores independientes, enfatizando la flexibilidad para los trabajadores y los empleadores.
Entre todas las propuestas conservadoras, es evidente que Berry y sus colaboradores no comprenden la realidad de desigualdad y la vulnerabilidad que enfrenta a los trabajadores y familias en los Estados Unidos.