Paro nacional contra el robo de una elección y la corrupción en Guatemala

Comunidades y organizaciones indígenas lanzaron el 2 de octubre 2023 un paro nacional para defender la elección del candidato contra la corrupción a la presidencia de Guatemala. Su inesperada victoria fue reconocida como el rechazo popular a la profunda corrupción dentro del gobierno actual. 

El paro nacional sigue después de 33 días. Hoy día y mañana habrá manifestaciones en frente al Ministro Público en la capital. 

El 31 de octubre, el tribunal electoral emitió un decreto que confirma los resultados de la elección. Dos días después, el tribunal electoral confirmó la suspensión de la personería jurídica del partido Movimiento Semilla a causa de la investigación del Ministerio Público.

En septiembre, agentes del Ministerio Público hicieron una búsqueda y confiscación de votos del Centro de Votación del Tribunal Supremo Electoral. El mismo Tribunal denunció al Ministerio Público, que no tenía ni jurisdicción ni autoridad para hacer la búsqueda.

La búsqueda de los votos por el Ministerio Público fue la gota que rebalsó el vaso. Desde el 2 de octubre los manifestantes han bloqueado hasta 140 carreteras y puentes. Se suspendieron los bloqueos el 22 de octubre. 

Estudiantes, trabajadores como maestros, campesinos y camioneros, y organizaciones civiles y populares guatemaltecas se han unido contra el intento del Ministerio Público de investigar una alegación de que el partido falsificó firmas cuando buscaba autorización como partido político en 2018. El 28 de agosto, el mismo día que salieron los resultados dando a Bernardo Arévalo de León como ganador de la elección presidencial con más del 60% del voto, el registro civil del tribunal electoral anuló provisionalmente el registro del partido Semilla. Los siete diputados de Semilla fueron declarados independientes, perdiendo los privilegios de un partido político en el Congreso Guatemalteco.

Observadores electorales reportaron que el proceso electoral y los resultados fueron válidos. Hasta la Secretaria de Estado de los EEUU se reunió virtualmente con Arévalo el 2 de octubre para mostrar su apoyo. Además de la presidencia, el partido Semilla ganó 23 de 160 escaños del congreso que tiene representados 17 partidos políticos. 

Arévalo es el hijo del primer presidente libremente elegido en Guatemala. Después de su término, su padre trabajó como embajador con el Presidente Jacobo Árbenz Guzmán, quien fue derrocado en un golpe de estado con el apoyo de la Agencia de Inteligencia Central de los Estados Unidos en 1954. Críticos de Arévalo lo denuncian como comunista a escondidas, acusaciones parecidas a la retórica que recuerda a la guerra civil guatemalteca en donde 200,000 personas murieron y 50,000 desaparecieron, la mayoría personas indígenas. 

Sin embargo, el Ministerio Público publicó un comunicado el 3 de octubre justificando su búsqueda, citando el Código Penal, y denunciando el bloqueo de sus instalaciones como medidas ilegales que pretendían “la destrucción de la democracia y el estado de Derecho.”

Mientras tanto, el 4 de octubre, la Corte Suprema negó la petición legal de Arévalo contra el Ministerio Público. 

Entonces la confrontación entre el Ministerio Público y los manifestantes seguirá. Después de 4 semanas de bloqueos y acción directa contra el llamado golpe de estado, el impacto económico está aumentando.

“Nosotros luchamos sin armas y con respeto, no como los que nos provocan, los que nos amedrentan, los que nos insultan, los que nos agreden,” dijo el presidente de la organización indigena 48 Cantones de Totonicapán.

También aumenta el riesgo de violencia. La noche del 4 de octubre, hubo confrontaciones entre fuerzas antimotines de la policía y los manifestantes quienes habían ocupado la entrada del Puerto Quetzal en la costa Pacífica. El 28 de octubre, un líder indígena, Noé Gómez Barrera, de 65 años, fue asesinado en Jutiapa. El Ministerio Público dijo que investigaría. 

Los manifestantes denuncian que el Fiscal General fue nombrado por el actual Presidente Giammetti y le reporta a él así que no es independiente. Están exigiendo la renuncia de cuatro miembros del Ministerio Público, la Fiscal General Maria Consuelo Porras; el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche; el juez séptimo penal A, Fredy Orellana; y la fiscal, Cinthia Monterrosa. En enero, por ejemplo, Curruchiche excarceló a un funcionario público acusado de lavado de dinero y presentó cargos legales contra los que le exigieron la rendición de cuentas, según Transparencia Internacional.

Guatemala tiene una larga historia de corrupción. En 2007, se instaló una Comisión internacional contra la impunidad para investigar la corrupción en Guatemala a los niveles más altos. Sin embargo, el predecesor de Presidente Giammetti, Jimmy Morales lo cerró en 2019 cuando empezaron a investigar a su familia, desplegando el ejército para intimidar a los empleados de la Comisión y sus simpatizantes en el pueblo guatemalteco. El mismo año, el Presidente Trump de los Estados Unidos dio su apoyo irrestricto a Morales quien concordó a requerir que todos los refugiados que pasaron por Guatemala debieran aplicar para asilo en Guatemala como “un país seguro” en vez de dejarlos entrar la frontera de los estadounidenses. 

“En Guatemala las instituciones del Estado han sido cooptadas por elites políticas y económicas y el crimen organizado, quienes protegen sus propios intereses en detrimento de la mayoría de la población, promoviendo la violencia y amenazado a la democracia en el país. Bajo esta indebida influencia el gobierno ha restringido el espacio cívico, iniciado investigaciones criminales contra periodistas, activistas y fiscales,” dijo Transparencia Internacional en su informe sobre Guatemala. 

Las medidas legales extraordinarias tomadas por el Ministerio Público para poner en cuestión la legitimidad de un partido político de oposición también son inusuales. Es una nueva tendencia en las Américas para gobiernos corruptos de usar cualquier método para negar los resultados de elecciones y mantener en poder el incumbente. En Brasil, los seguidores del presidente Jairo Bolsonaro pidieron a las fuerzas armadas hacer un  golpe de estado para mantenerlo en el poder. En los EEUU, el Presidente Donald Trump lanzó muchas denuncias en las cortes estatales y federales para deslegitimar la elección que perdió. En ambos países hubo motines asaltando a las cámaras legislativas para defender a los incumbentes.

Foto de Maestros de Pacajá Alto en Quetzaltenango después de su jornada laboral, decidieron manifestar en contra del golpe de Estado @PrensaComunitar.

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