La Confederación de Trabajadores Solidaridad Ecuatoriana lanzó una campaña en las redes sociales contra una reforma laboral que dice llegará a la precarización laboral.
La propuesta es parte de un referéndum adelantado por el gobierno derechista del nuevo Presidente Daniel Naboa quien está usando un referéndum con 11 preguntas para hacer cambios fundamentales a la Constitución y Código de Trabajo Laboral.
El día de la votación será el 21 de abril de 2024.
“Votamos 11 veces NO a la Consulta Popular y Referéndum. No te dejes engañar, nuestra estabilidad laboral y la situación de nuestro país está en juego,” dijo la federación sindical en un tweet el 7 de abril.
La reforma laboral permitirá contratos por hora. Eso significaría que los trabajadores por hora no tendrán los derechos laborales básicos como fondos de reserva, vacaciones o acceso a las aportaciones al seguro social. El despido rápido sin causa también es otro beneficio para los empleadores de contratos por hora.
Aún peor, para los trabajadores por hora sería casi imposible sindicalizarse legalmente.
El gobierno del Presidente Daniel Naboa, 35, ganó el poder en unas elecciones tempranas después de la disolución de la Asamblea Nacional por el anterior Presidente Guillermo Lasso quien esperaba evadir el juicio político por la Asamblea por actos de corrupción. Naboa es el hijo del multimillonario Álvaro Naboa quien fue candidato presidencial cinco veces, perdiendo todas las campañas.
Además de aflojar las leyes laborales, otras preguntas enfocan en convertir Ecuador en un estado policial. Naboa está prometiendo ley y orden en un país que ha sufrido mucha violencia política y de crimen organizado.
El Presidente Naboa quiere seguir el modelo del Presidente Bukele en El Salvador quien invocó un estado de emergencia que sigue ahora para encarcelar a 70,000 personas con alegados vinculados a las Maras criminales sin un juicio ni proceso legal.
A propósito, el gobierno Ecuatoriano quiere desplegar a los militares en trabajo policial, pide penas más largas y que las sentencias jurídicas sean mandatarias y se cumplan por completo. El gobierno también quiere tomar posesión automáticamente de los bienes ilícitos tomados por la policía.
El presidente demostró sus inclinaciones extremas el 5 de abril. La policía ecuatoriana invadió a la embajada Mexicana para arrestar al ex vicepresidente Jorge Glas quien ha pedido asilo por razones de persecución política. Glas es acusado de corrupción y había una orden de captura vigente para él. Después de un día en la cárcel, Glas fue hospitalizado por una enfermedad no identificada.
La violación del Convenio de Viena que protege a los derechos diplomáticos resultó en un rompimiento inmediato de relaciones diplomáticas con México y condenación de la comunidad internacional. Tal acto es extraordinariamente inusual.
Los trabajadores y migrantes ecuatorianos son los que van a sufrir las consecuencias, según la Confederación de Trabajadores Solidaridad Ecuatoriana. México ya suspendió comercio de exportación e importación creando una disrupción económica. Los ecuatorianos indocumentados en México serán encarcelados en vez de deportados. Y hay el riesgo de otras sanciones económicas y políticas.
“Si no respeta a los acuerdos internacionales, ¿qué te hace pensar que respetará tus derechos laborales?” dijo la Federación sindical.
“Esta acción personifica el autoritarismo del gobierno de Noboa y encarna un peligroso mensaje al usar la fuerza pública, por sobre las leyes y el derecho internacional.”
La confederación indígena de Ecuador, la CONAIE, quienes organizaron un paro nacional contra el gobierno anterior, también denunció la invasión a la embajada.
“Es preocupante observar cómo el gobierno autoritario y fascista de Ecuador recurre a la fuerza para asegurar sus trofeos políticos.”
La CONAIE está en contra de la reforma laboral y al mismo tiempo está luchando contra una consulta ambiental que temen,dará más poder a las empresas mineras.
“La consulta debe ser previa y debió realizarse para cada cambio de fase. La consulta promovida por @Ambiente_Ec es extemporánea y está basada en validar una decisión previamente tomada por los gobiernos de turno y las transnacionales mineras.”
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