Los partidos políticos estadounidenses avanzan hacia un consenso sobre políticas fronterizas de línea dura

En febrero de 2024, los senadores republicanos y demócratas de los Estados Unidos se alinearon en cómo tratar a los migrantes y solicitantes de asilo en sus fronteras. 

Los republicanos habían exigido en otoño de 2023 que como condición para proveer más ayuda militar y financiera a Ucrania e Israel  se aumentaría el dinero dirigido a los controles fronterizos. 

Durante meses de negociaciones, los senadores acordaron un plan que era una orgía de gastos y daba poderes extraordinarios al secretario de seguridad nacional. La propuesta bipartidista de los legisladores Demócratas y Republicanos valía $118 mil millones, con $12 mil millones en los siguientes dos años para control de la frontera y procesamiento de los solicitantes de asilo y migrantes indocumentados. El Presidente Joe Biden apoyó el acuerdo y dijo que lo firmaría. 

Finalmente, la propuesta bipartidaria fue socavada por el candidato presidencial republicano Donald Trump y los legisladores republicanos retiraron su apoyo. 

Mientras el proyecto de ley moría en el Congreso, los compromisos acordados demuestran un consenso preocupante de los dos partidos políticos en cuánto al tratamiento arbitrario de migrantes y solicitantes de asilo a los Estados Unidos. 

La propuesta legislativa daría poderes excepcionales al Secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas. Mayorkas estaría obligado a activar un estado de emergencia fronteriza si durante siete días llegasen cada día la medida de 5,000 migrantes en la frontera. 

Durante el estado de emergencia, cualquier migrante sin documentos encontrado dentro de 100 millas (161 kilómetros) de la frontera podría ser deportado inmediatamente sin decisión judicial. Alguien deportado dos veces en un año sería inadmisible y no elegible para asilo. Los únicos que estarían a salvo de la deportación inmediata serian los niños sin acompañamiento adulto, quienes estén en riesgo de persecución o tortura, y los migrantes que no son de México ni América Central. 

En el primer año, el estado de emergencia podría estar en efecto por 270 días; el segundo año por 225 días, y el tercer año por 180 días. Solamente el presidente estadounidense podría anular el estado de emergencia fronteriza. 

“La nueva autoridad de emergencia fronteriza codificaría permanentemente la crueldad y el caos del Título 42,” dijo Eskinder Negash, el Presidente del Comité para Refugiados e Inmigrantes de Estados Unidos. “El firme apoyo del presidente Biden a este acuerdo, incluida la nueva autoridad para las expulsiones, es una traición total a sus promesas de restaurar el asilo.”

Otra sección de la propuesta propone el establecimiento de una autoridad para recibir apelaciones de los migrantes que son citados para la deportación. No queda claro si este cuerpo de apelaciones estaría activo durante el estado de emergencia o no.

El Departamento de Justicia recibiría $889 millones para emplear más equipos de jueces para hacer más rápido las decisiones judiciales sobre los solicitantes de asilo. 

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y sus subsidiarios recibirían la mayoría de fondos, más de 11 mil millones de dólares, 10% de su presupuesto de 2023. La Patrulla Fronteriza recibiría $6.7 mil millones. La agencia de deportaciones, ICE,  recibiría $7,6 mil millones para detener y deportar más gente. Los servicios de inmigración recibirían $3.9 mil millones. Los servicios para la formación de agentes de la ley recibirían $56 millones. El aumento de la tecnología de detección de la frontera recibiría $170 millones adicionales. 

A pesar de todos los recursos ofrecidos por el gobierno, los republicanos anularon el acuerdo que ellos mismos negociaron. Es así que un problema fundamental de la frontera es la incapacidad del Congreso y el Senado de tomar la crisis de su sistema de immigración y control fronteriza en serio. 

Un informe del Instituto de la Política de Migración (MPI) llegó a esta conclusión. “La causa fundamental de la incapacidad del gobierno federal para abordar eficazmente la gestión de la migración radica en leyes de inmigración y asilo disfuncionales.”

Foto por Kevin Dooley bajo licencia de CC BY 2.0.

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