Hay un movimiento global de sindicatos y movimientos sociales que están exigiendo a los gobiernos que protegan a la gente en los lugares de trabajo. Algunos se han unido a la campaña de ratificación de la Convención C-190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con el objetivo de prevenir la violencia de género y acoso en el lugar de trabajo sea físico, género, verbal o cibernético.
La Convención fue declarada vigente el 25 de junio de 2021 a nivel internacional. La Convención fue negociada durante 2018-2020. Ahora, los estados tienen que ratificarla e integrarla en sus leyes nacionales. Hasta el momento, la Convención está en vigor legalmente en 11 estados y ha sido ratificada por 14 de los 193 estados del mundo.
De los 11 países que ya la integraron en sus leyes nacionales y está en vigor, hay tres de las Américas: Argentina, Ecuador y Uruguay. En el Caribe lo hicieron Antigua y Barbuda, Bahamas, y Barbados. Otros ratificadores de las Américas son El Salvador, México, Panamá y Perú en 2022 y Canadá en enero de 2023. Hasta ahora, los dos países más poblados de las Américas – los Estados Unidos y Brasil – no han ratificado la Convención.
La Convención define la violencia y el acoso como “un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género.”
También define “la violencia y acoso por razón de género” como los que “van dirigidos contra las personas por razón de su sexo o género, o que afectan de manera desproporcionada a personas de un sexo o género determinado, e incluye el acoso sexual.”
El lenguaje usado es amplio para que se pueda aplicar no solamente a las personas heterosexuales, sino también a personas con identidades de género diversas, como la homosexualidad, bisexualidad y transexualidad. Es una Convención que tiene una tendencia interseccional ajena a los sistemas de justicia de muchos de los estados del mundo.
El alcance de la Convención es amplio y se aplica no solamente a los lugares de trabajo sino fuera del lugar de trabajo. Por lo tanto, se aplica a la violencia y el acoso que ocurren en “el lugar de trabajo, inclusive en los espacios públicos y privados; en los lugares donde se paga al trabajador, donde éste toma su descanso o donde come, o en los que utilizan las instalaciones sanitarias o de aseo y en los vestuarios; en los desplazamientos, viajes, eventos o actividades sociales o de formación relacionados con el trabajo; en el marco de las comunicaciones que estén relacionadas con el trabajo, incluidas las realizadas por medio de tecnologías de la información y de la comunicación; en el alojamiento proporcionado por el empleador, y en los trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo.”
El ámbito de la Convención incluye a toda la gente involucrada en el mundo del trabajo, no solamente los que son asalariados. Incluye “a las personas que trabajan, cualquiera que sea su situación contractual, las personas en formación, incluidos los pasantes y los aprendices, los trabajadores despedidos, los voluntarios, las personas en busca de empleo y los postulantes a un empleo, y los individuos que ejercen la autoridad, las funciones o las responsabilidades de un empleador.”
La responsabilidad del estado es prever sanciones para violaciones y proteger a los trabajadores afectados, “velar por que las víctimas tengan acceso a vías de recurso y reparación y a medidas de apoyo”, y garantizar “alejarse de una situación de trabajo sin sufrir represalias u otras consecuencias indebidas.”
En efecto, la Convención reconoce que la violencia, la violencia de género y el acoso son amenazas a la salud y seguridad de los trabajadores. Este reconocimiento a nivel internacional es nuevo. Es la única Convención que reconoce el impacto de la violencia doméstica en los lugares de trabajo.
La convención complementa el trabajo nacional de sindicalistas y movimientos sociales exigiendo el fin del femicidio que están sufriendo todos los países de las Américas. En las Américas, la lucha contra el femicidio – el asesinato de mujeres y niñas por su género femenino, en la mayoría perpetrado por conocidos y familiares – ha lanzado varios movimientos de protesta en países como Chile, Argentina, Honduras y México. Mientras tanto los ataques contra el derecho al aborto han preocupado a los movimientos sociales en los EEUU.
El femicidio no para. El Observatorio de Femicidios de La Casa del Encuentro reportó que en los primeros dos meses de 2023 en Argentina, se produjeron 51 femicidios, 1 trans/trasvesticidio y 4 femicidios vinculados de varones adultos y niños, cometidos para castigar a una mujer. “Detrás de cada número hay una mujer o compañera trans asesinada, una familia devastada e hijos e hijas sin su madre. No se puede prevenir algo de lo que no se habla. Exigimos que el tema en agenda siempre y no solo cuando la noticia nos horroriza porque llegamos tarde. El abordaje de esta problemática es un tema de Derechos Humanos, no es un tema de inseguridad,” según el informe.
A pesar de la reputación internacional de Uruguay como un estado progresista, Elbia Pereira,
la secretaria general del PIT-CNT, la central de los trabajadores uruguayos, no tiene ilusiones que la firma del gobierno de Uruguay en la Convención cambiará sin una reorientación fuerte de la cultura patriarcal.
“Lo que los gobiernos vayan decidiendo en materia de derechos posibilitará que los pasos de construcción cultural se vayan dando con mayor o menor agilidad. En Uruguay vemos que la agenda de derechos de las mujeres no está contemplada por el gobierno. No existe preocupación gubernamental y queda claro con lo que está sucediendo con el Sistema de Cuidados, el retroceso que se está viviendo impacta directamente en las mujeres. A nivel internacional vemos que nuestro país fue el primero en ratificar el convenio de OIT y sin embargo, aún existen amenazas de parte del gobierno para intentar reglamentarla el convenio. Lo que de alguna manera pondría en duda el espíritu central del convenio,” dijo Elbia Pereira.
De todos modos, los sindicalistas siguen con una campaña continental de educación al público y a los legisladores y empleadores, sobre la violencia y el acoso que existe en el ámbito laboral y necesita algún remedio.
La Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas y sus 48 sindicatos afiliados en 21 países en las Américas está usando el hashtag #RatificarC190 y #RatifyC190 para difundir la campaña por los medios sociales. Es una afiliada de la Confederación Sindical Internacional (CSI), la federación de sindicatos más grande del mundo.
El feminicidio sigue siendo un problema grave en países de las Américas y el Caribe, no solo en Argentina. El Observatorio de Igualdad de Género analizó que en 2021, hubo 1 femicidio por cada 100,000 mujeres en cada uno de los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Guatemala, México, Panamá, Paraguay y Uruguay. Aún más preocupante son los niveles de femicidio de Honduras (4.6), Belice (3.5), República Dominicana (2.7) y El Salvador (2.4).
Uno de los resultados esperados de la Convención es responsabilizar a los empleadores de proteger a sus empleados de la violencia de género en el lugar de trabajo. También significa que cuando se dan incidentes de violencia doméstica y acoso de individuos del público, es responsabilidad del empleador proteger a las víctimas. El modismo que <<el cliente tiene todo el derecho>> no deberá valer cuando se trata de violencia ni acoso.
La campaña pública e internacional crea un reto a los empleadores que no quieren aparecer insensibles a la violencia de género. Pero al mismo tiempo, no quieren tener más responsabilidad legal para asegurar el bienestar de sus empleados y los gastos que requieren nuevas medidas de seguridad. Hay muy pocos empleadores que se quieren oponer a la convención abiertamente por miedo a dañar su imágen pública y diminuir la voluntad de los clientes de comprar sus productos o servicios.
La debilidad de la estrategia de la campaña de ratificación e implementación de la Convención es que pone mucha fe en los legisladores. Cualquier ley modificada o nuevas leyes resultado del proceso tendrán sus dificultades y compromisos. El diablo se oculta en los detalles.
Para los empleadores que quieren resistir al cambio, los legisladores son su última línea de defensa para sostener las normas patriarcales en sus lugares de trabajo. Entonces, será complicado rastrear y analizar el progreso de la campaña. Mantener una perspectiva sobre los legisladores de 35 países no es fácil, aún más difícil por la variedad de sistemas de gobierno y sistemas legales en la región. Desde luego, será clave exigir la transparencia sobre todo en los grupos de cabildeo quienes representan a los grupos industriales de empleadores. Asimismo, trastiendas que los empleadores pueden usar como palancas de poder, como amenazar con una disminución del número de trabajos en un país o reducir la inversión.
Lo importante es reconocer que ninguna de las 454 millones de mujeres y niñas de las Américas están seguras ni los miles de homosexuales, bisexuales, trans, o los que tienen un género diverso. La cultura patriarcal de cada país tiene rasgos comunes incluyendo la cultura machista con su característica de masculinidad violenta que hiere y asesina a miles de personas al año en la región. Es posible que la Convención 190 ayudará a aumentar la seguridad y la justicia en los lugares de trabajo. Sin embargo, la estructura jerárquica y no democrática de los lugares de trabajo de hoy representa una amenaza a la seguridad y sanidad de los trabajadores.
Foto por Carol Crisosto Cadiz de una manifestación contra el feminicidio en Chile en 2018. (CC BY-SA 4.0).
El grafico por CEPAL, Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe.
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